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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 15, 2017 8:52 am

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«Servini se queda, pero las urnas no están bien pegadas»
En Foco
El Gobierno aceptó que la experimentada jueza siga en el cargo. La preparación electoral está demorada y con fallas. Julio Blanck, Clarín
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La jueza María Servini, en una reunión el año pasado sobre control de las pinchaduras telefónicas. A su lado Ariel Lijo, quien la reemplaza ahora durante su licencia. DYN

Tres jueces federales de Comodoro Py se tiraron de cabeza tratando de quedarse con el juzgado de María Servini, si ella finalmente debía retirarse por haber sobrepasado la edad de 75 años para ocupar el cargo. Es un juzgado estratégico: tiene competencia electoral y eso lo coloca en relación privilegiada con los partidos políticos. Dos de esos jueces llevaron su inquietud al ministro de Justicia, Germán Garavano, que los escuchó con cara de póquer. En ese grupete unido por la ambición hay incluso quienes son tenidos por buenos amigos de la experimentada magistrada. Todos se van a quedar con las ganas: Servini seguirá ejerciendo como jueza hasta que decida lo contrario.

Sus papeles están un poco flojos, para qué negarlo. Después que la Corte Suprema falló afirmando la obligación de cumplir con el requisito de edad que fija la Constitución, la jueza buscó sostenerse en una endeble declaración de certeza de la justicia de seguridad social conseguida hace unos cuántos años. Esa decisión le reconocía el derecho a una jubilación de privilegio y avalaba, en otro párrafo, su voluntad de permanecer en el cargo. El Gobierno evaluó que buscar la nulidad de esa sentencia oblicua podía llevar demasiado tiempo y demasiado costo. Y no sabía si al final el remedio no terminaría resultando peor que la enfermedad.

La decisión política, avalada por el presidente Mauricio Macri, deberá tener expresión concreta en el Consejo de la Magistratura, que descartaría la posible remoción de la jueza. El Gobierno ha conseguido enhebrar un frágil collar de alianzas que le permite ahora contar con la mayoría de ese organismo clave del Poder Judicial.

Servini, apoyada por la diputada Elisa Carrió, había denunciado que detrás de su eventual desplazamiento estaba la mano persecutoria de Ricardo Lorenzetti. El presidente de la Corte es el blanco político elegido por Carrió para tratar de aumentar su influencia en la Justicia. La supuesta conspiración –y los argumentos de Carrió en ese sentido- ha perdido sustento. Ahora la jueza está de licencia y la está reemplazando Ariel Lijo.

Dando por bueno aquel fallo de Seguridad Social, el Gobierno no enviará al Senado el pliego de Servini para que reciba una ratificación que le permita continuar en funciones, como ordena la Constitución. En cambio lo hará con el juez federal de Córdoba con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, también alcanzado por el límite de edad.

La Cámara Nacional Electoral viene alertando sobre la multitud de dificultades que están afectando hoy al sistema de votaciones en el país.

Estas decisiones intentan preservar cierta estructura firme en la Justicia electoral, cuando faltan cuatro meses para las PASO y seis para los comicios legislativos en todo el país. La continuidad de los jueces de la Capital y Córdoba puede ayudar a ese propósito. Pero mal puede disimular la multitud de dificultades que afectan hoy al sistema de votaciones. Sobre el particular viene alertando los integrantes de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera y Ricardo Dalla Via.

Dos motivos para la alarma son que la caída del proyecto oficialista de reforma electoral mantiene un sistema de votación vetusto y lento; y que el trabajo del sistema de organización de las elecciones debió empezar en febrero, pero estamos promediando abril y el pescado sin vender.

Además, emparchada la situación en Capital y Córdoba, hay otros seis juzgados electorales con una situación precaria: los de Formosa, Santa Cruz, Chaco, Catamarca, Salta y el de la decisiva provincia de Buenos Aires.

El juzgado federal 1 de La Plata había quedado vacante en 2014, cuando murió el histórico juez Manuel Blanco. El kirchnerismo, en típica maniobra de asalto, intentó cubrir el puesto con Laureano Durán, que fue pronto desplazado porque era secretario y no tenía nombramiento como juez. Después fue designada la porteña Servini como subrogante. Pocas semanas atrás el macrismo, en la Magistratura, consiguió nombrar a Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero y sin relación con la política, aunque fue alumno del colegio Cardenal Newman como Macri y varios de sus ministros y colaboradores. Pero la llegada de Culotta fue frenada en seco por otro juez federal, el platense Alberto Recondo. Se basó en dos argumentos: que Culotta no tiene competencia electoral y que no es juez de La Plata. Casi una reivindicación corporativa vecinal.

Mirá también - El poder que se juega en los tribunales

La cautelar del juez Recondo, de tres meses de validez, colocó en el juzgado electoral a Adolfo Gabino Ziulu, titular del juzgado federal 2 de La Plata, de conocida relación con el radicalismo. Metido en el brete, el Gobierno dejará a Ziulu en ese lugar aunque la precariedad de origen obligaría a reafirmar su nombramiento provisional incluso antes de las PASO de agosto.

Todo esto podría ser solucionado juzgados adentro, si además no sucedieran cosas ligeramente bochornosas como las que se vivieron días atrás. El gobierno bonaerense remitió al juzgado electoral de La Plata la primera partida de urnas para ir las elecciones que vienen. Cuando los empleados armaron algunas para verificar su estado, contemplaron con asombro cómo las urnas se despegaban y se tornaban inservibles. Preguntaron si era material nuevo. Les dijeron que no: son un rezago de votaciones anteriores.

Eramos tan pobres.

https://www.clarin.com/opinion/servini-queda-urnas-bien-pegadas_0_BkUIomh6g.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 16, 2017 10:46 pm

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«La contratación de las habitaciones, sin pruebas»
La AFIP no encontró documentación de la utilización que hizo Báez del hotel de los Kirchner. Hugo Alconada Mon, LA NACION
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El hotel Alto Calafate. Foto: Maxie Amena

El principal hotel de la familia Kirchner, el Alto Calafate, sumó un nuevo indicio a las sospechas que acumula por presunto lavado. La AFIP le informó a la Justicia que "no se ubicó ni una sola factura de alojamiento que permita sostener en la práctica" que la principal empresa de Lázaro Báez , Austral Construcciones, haya usado jamás alguna de las 500 habitaciones que pagó por mes durante años tras firmar un convenio retroactivo.

Así surge de un informe que uno de los más altos funcionarios de la AFIP, Jaime Mecikovsky, le entregó al juez Javier López Biscayart junto con 500 fojas de documentación. Allí concluyó que esa y otras supuestas operaciones turísticas no habrían sido más que una pantalla para tratar de justificar los millones de pesos que Báez le pagó a los Kirchner por la administración del hotel Alto Calafate. Apoyado en los análisis técnicos del equipo de auditoría interna de la AFIP, Mecikovsky cuestionó esos pagos millonarios. Y le alertó a López Biscayart que, al igual que al momento de analizar la salud tributaria de las empresas de Báez, la anterior gestión le mintió al informarle sobre la operatoria hotelera que unió al presunto testaferro de los Kirchner con la entonces familia presidencial.

"Pese a lo que en su momento le informó Dirección Regional Microcentro a VS no se ubicó ni una sola factura de alojamiento que permita sostener en la práctica el convenio suscripto entre Valle Mitre y Austral Construcciones del 27/8/2009 por la utilización de las 500 noches de hotel", explicó el actual subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP.

Más notas para entender este tema

-La AFIP kirchnerista le mintió a la Justicia para proteger a Lázaro Báez
-Ponen la lupa en las facturas "truchas"

Mecikovsky también se apoyó en las conclusiones de sus expertos para informarle al juez que los cuestionamientos a toda la operatoria comercial de Valle Mitre, la firma de Báez que durante entre 2009 y 2013 administró el Alto Calafate.

Según surge de los nuevos análisis de la AFIP, la actividad hotelera real del Alto Calafate resultó insuficiente para pagarle el alquiler a los Kirchner, por lo que Báez recurrió a varias de sus empresas para inventar operaciones comerciales que inflaran los ingresos de Valle Mitre y, de ese modo, justificar los millones que debía abonarle a la entonces familia presidencial.

Por ese motivo, Mecikovsky le planteó al juez que "los ingresos por hotelería, gastronomía y turismo de Valle Mitre SA no alcanzan para cubrir los gastos que contablemente dice haber realizado por tales rubros -que derivaron en alquileres de habitaciones de Alto Calafate, básicamente. Sólo llegan a apenas equilibrarse facturando servicios de consultoría a otras empresas intra grupo como Austral Construcciones".

¿Qué tipo de "servicios de consultoría"? Austral Construcciones, por ejemplo, le pagó millones a Valle Mitre por una supuesta consultoría destinada al desarrollo de un eventual emprendimiento hotelero propio sobre el que nunca trascendieron detalles, pero los técnicos de la AFIP detectaron ahora múltiples inconsistencias.

¿Qué inconsistencias? Entre otras, que la constructora no registró en ningún momento el alta impositiva para la explotación de una actividad hotelera y de los asientos contables de 2010 a 2012 no surge ningún otro indicio de actividad e ingresos gravados fuera de la actuación de obra pública vial. Más aún, tampoco "se encontró ninguna referencia sobre los proyectos que conforme lo que contablemente registró Austral Construcciones se habría hecho... asesorar'". Ni sobre el supuesto emprendimiento en Estancia Cruz Aike, como así tampoco en Estancia Río Bote o Estancia Río Turbio.

"Por ello estimaron los técnicos de la AFIP tras analizar los registros de Austral Construcciones corresponde la impugnación de los gastos por consultoría hotelera realizados a favor de Valle Mitre."

No sólo eso. Al analizar la contabilidad de la firma de Báez que gerenció el Alto Calafate encontraron flaquezas similares. "Resulta inconsistente que una empresa como Valle Mitre que tiene como actividad declarada la hotelería, gastronomía y servicios turísticos tenga el 54% de sus ingresos producidos por consultoría de otra empresa del grupo -Austral Construcciones con la cual comparte accionistas, apoderados, domicilios, etcétera", plantearon.

"Valle Mitre carecía al momento de celebración de los contratos con Hotesur de la experiencia que decía tener en esos convenios", abundaron los técnicos de la AFIP, según reportó luego Mecikovsky a la Justicia. "Sus ingresos casi excluyentes devienen de la explotación del hotel Alto Calafate y su despegue económico viene a partir de 2009 con la explotación de ese hotel. Hasta 2009 requirió incluso de aportes personales del Sr Lázaro Antonio Báez para cubrir el supuesto cobro de alquileres el incremente de sus bienes de uso. Tampoco registraba tener el personal adecuado para desarrollar la actividad hotelera, gastronómica y turística en la escala que facturaba."

¿Qué significa todo eso en la práctica? Por un lado, que el nuevo informe de la AFIP expuso cómo la anterior gestión se limitó a analizar la "verdad formal" de la relación hotelera entre Báez y los Kirchner; por el otro, que al analizar la "verdad formal" de lo que pasó, la operatoria resultó insostenible.

Por ese motivo, Mecikovsky le informó a López Biscayart que "el traslado del dinero" de Báez a los Kirchner "efectivamente se produjo", pero que no se puede explicar aún por qué el dueño de Austral les pagó esos millones a los Kirchner.


http://www.lanacion.com.ar/2010763-la-contratacion-de-las-habitaciones-sin-pruebas
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 16, 2017 10:47 pm

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«La AFIP kirchnerista le mintió a la Justicia para proteger a Lázaro Báez»
La actual conducción reveló que hubo datos adulterados; sólo en Austral Construcciones, estiman una evasión de más de $ 70 millones en dos años. Hugo Alconada Mon, LA NACION
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Báez en Comodoro Py. Foto: Archivo

La AFIP alertó a la Justicia que un organismo del Estado le mintió para llevarlo a proteger a las empresas de Lázaro Báez y, en última instancia, encubrir a la entonces familia presidencial Kirchner, en uno de los rubros más sensibles: la operatoria hotelera. ¿A qué organismo acusó la agencia? A la propia AFIP .

El alerta llegó a manos del juez en lo Penal Económico Javier Biscayart, mediante un informe reservado que uno de los más altos funcionarios de la actual AFIP, Jaime Mecikovsky, le entregó junto con una docena de anexos de 500 páginas elaborados por el área de auditoría interna del organismo, según reconstruyó LA NACION.

Ese informe y los anexos expusieron cómo técnicos y funcionarios de la AFIP de la gestión de Ricardo Echegaray le mintieron a López Biscayart, entre 2014 y 2015, sobre la situación tributaria de las empresas de Báez. Los engaños llevaron al magistrado a ordenar el cierre de la causa por evasión más sensible que afrontaba el presunto testaferro de los Kirchner.

Más notas para entender este tema

-La contratación de las habitaciones, sin pruebas
-Ponen la lupa en las facturas "truchas"

Ahora, la auditoría interna de la AFIP expuso esas mentiras. Determinó, por ejemplo, que mientras que la gestión de Echegaray le informó a la Justicia que ninguna de las empresas de Báez jamás superó el umbral de los $ 400.000 anuales que impone la ley para iniciar una causa penal por evasión, la verdadera cifra evadida es multimillonaria. Y detalló que si se hubieran aplicado los mismos parámetros que se toman con cualquier contribuyente, sólo Austral Construcciones habría evadido más de $ 70 millones entre 2010 y 2011.

A eso deberían sumarse otros $ 152,1 millones de intereses resarcitorios acumulados. Es decir, un total de $ 222,1 millones.

"Las acciones llevadas a cabo (por la gestión Echegaray) fueron cuanto menos incorrectas y parciales, llevando información falaz al Juzgado, en la que se basó el dictado de la resolución de sobreseimiento", le informó Mecikovsky, quien también fue más allá de sus funciones técnicas y planteó que podría estarse incluso ante una presunta asociación ilícita fiscal.

Consultado por LA NACION, Echegaray rechazó el informe, deslindó responsabilidades en la línea técnica de la DGI y acusó a la actual gestión de la AFIP de actuar con fines políticos. "Ningún juez me preguntó nada de eso y la determinación del monto de los impuestos es resorte exclusivo de la línea operativa de la DGI, no de la AFIP", planteó, a través de un colaborador.
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Se encontraron datos adulterados de Báez en la AFIP. Foto: Archivo

Echegaray también vinculó el nuevo informe de la AFIP con un fallo reciente de la Cámara Federal de Casación Penal que lo favoreció a fines de marzo en la causa por supuestas maniobras de encubrimiento que el entonces titular del organismo habría dispuesto en Buenos Aires y Bahía Blanca para proteger a Báez. En esa causa, Echegaray fue sobreseído por el entonces juez federal Norberto Oyarbide, fallo que no apeló el fiscal federal Guillermo Marijuán. "Si el informe (presentado ante López Biscayart) es así, tiene un alto contenido político", afirmó el ex funcionario.

Con el informe y los anexos por más de 500 páginas ya en sus manos, López Biscayart deberá evaluar los pasos a seguir. ¿Podría declarar que los sobreseimientos del presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y de su contador, César Andrés, que dictó en mayo de 2015 fueron fruto de un engaño y, por tanto, dictar la cosa juzgada fraudulenta? ¿Investigar por conexidad lo ocurrido, como lo habilita el Código Procesal Penal nacional cuando "un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad"?

A López Biscayart, sin embargo, el informe de la AFIP no lo tomó por sorpresa. Tras la asunción de Mauricio Macri, y el hallazgo de los primeros indicios de la actuación engañosa de la AFIP, accedió a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial, y en junio de 2016 reabrió la causa con dos objetivos: investigar la posible evasión tributaria de las empresas de Báez pero también determinar qué agentes de la AFIP le aportaron información sesgada a la Justicia.

Con su informe y las 500 páginas de anexos, el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, Mecikovsky le aportó ahora a López Biscayart indicios para avanzar por esa senda. Le informó que "se probó en las reinspecciones de AFIP DGI y las contraverificaciones de Auditoría Interna de AFIP, (que) quienes anteriormente intervinieron por AFIP no realizaron sus tareas siguiendo las pautas operacionales correspondientes".
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La AFIP kirchnerista le mintió a la Justicia para proteger a Lázaro Báez.

¿Qué significa eso? Que al tratarse de las empresas del presunto testaferro de Kirchner, los sabuesos de la AFIP que aportaron el primer y falaz informe llegaron a conclusiones "sobre la base de investigaciones apresuradas y sin seguir los lineamientos de auditoría más básicos", lo que implicó, por ejemplo, que ni siquiera verificaron lo que aparecía en los papeles "más allá de lo formal" y avanzaron "sin apego a la normativo".

"Esa falta de apego a la normativa para llevar a cabo los procedimientos de fiscalización tuvieron decisiva incidencia", informó Mecikovsky, "a punto tal que los resultados informados en su momento a SS (por el juez López Biscayart) nada tienen que ver con lo que va surgiendo de acciones llevadas a cabo conforme derecho, quedando demostrada la falacia de los informes arrimados a la Justicia originariamente".

Así, ejemplificó, "ya desde el primer ejercicio fiscal concluido surge un ajuste entre IVA e Impuesto a las Ganancias de Austral Construcciones superior a los $ 70.000.000 por un solo año cuando en su momento se había aseverado y aportado elementos de análisis tendientes de demostrar la falta de existencia de ajustes que superaran la condición objetiva de punibilidad", es decir, el umbral mínimo de $ 400.000 de evasión anual que impone la ley.

Aunque Mecikovsky dijo que no sabe si se iniciaron sumarios dentro la AFIP para determinar responsabilidades administrativas, en su informe a la Justicia sí apuntó directo a la cúpula anterior, liderada por Echegaray y Rubén Ángel Toninelli. "Queda claro también, con un mínimo de sentido común y de conocimiento de la estructura interna de la AFIP que la interacción entre personal de dos Direcciones Regionales dependientes de dos Subdirecciones Generales Operativas diferentes de la DGI y que involucró incluso la disolución de una Dirección Regional, para lo cual debieron al menos intervenir dos Subdirecciones Generales de AFIP remarcó, de ninguna manera pudo ser orquestada solamente por dos áreas de inspección".


http://www.lanacion.com.ar/2010761-la-afip-kirchnerista-le-mintio-a-la-justicia-para-proteger-a-baez
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 16, 2017 10:48 pm

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«Denuncian a ex funcionarios de la gestión kirchnerista por "administración infiel en perjuicio del Estado"»
Es por una maniobra que terminó beneficiando a una firma que hoy pertenece al grupo Indalo, de Cristóbal López, LA NACION
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Denuncian a ex funcionarios del gabinete del ex presidente Néstor Kirchner por administración infiel en perjuicio del Estado. Foto: Archivo

El titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, denunció a ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, a empresarios y a un juez, por haber reformulado un régimen de promoción industrial que terminó beneficiando a una firma que hoy pertenece al grupo Indalo, de Cristóbal López .

Se trata de la empresa Alcalis de la Patagonia SA, dedicada a la producción de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro, que gracias a esa reforma habría conseguido un acuerdo preventivo extrajudicial y así habría licuado una deuda de casi 250 millones de pesos de aquel momento que la firma tendría con el Estado Nacional, dice la denuncia.

Según se indicó en la página de noticias fiscales gob ar de la Procuración, Rodríguez denunció ante la justicia federal que ex integrantes del gabinete de Néstor Kirchner habrían abusado en su gestión del ejercicio de la función y quebrado la fidelidad asumida al simular la reunión de una serie de condiciones requeridas por la Constitución Nacional para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Rodríguez entendió que había que investigar si los denunciados participaron de una maniobra que, por un lado, habría beneficiado a la empresa Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos a través del mencionado DNU. Y, si por otro, se habría permitido sustituir una deuda a favor del Estado Nacional de aproximadamente 250 millones de pesos por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial irregular, representando un perjuicio para la administración pública.

«"Los hechos se habrían iniciado en 2005 cuando el presidente Kirchner, junto a su gabinete, reformuló el régimen de promoción industrial de Alcalis de la Patagonia S.A. mediante un DNU"»

En la nómina de funcionarios acusados de "administración infiel en perjuicio de la administración pública por abuso defraudatorio", el fiscal de la PIA incluyó a Aníbal Fernández , Roberto Lavagna , Alicia Kirchner , José Pampuro, Alberto Fernández , Daniel Filmus , Rafael Bielsa , Horacio Rosatti , Carlos Tomada y Julio De Vido , entre otros.

Varios de esos ex funcionarios ya se habían alejado del Gobierno de Néstor Kirchner cuando -según el fiscal- comenzó en 2006 el proceso de saneamiento de la empresa: Lavagna, por ejemplo, había renunciado a fines del 2005 por diferencias en la política económica, mientras que Rosatti -hoy ministro de la Corte Suprema- también había dejado la cartera de Justicia a mediados de 2005 tras frenar una sospechosa licitación para la construcción de cárceles con supuestos sobreprecios, indicaron a DyN fuentes consultadas.

En su denuncia, el fiscal Rodríguez también denunció al juez Gustavo Toquiera, a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nro. 1 de Comodoro Rivadavia, Chubut, y a los empresarios Raúl Zamora y Fabián De Sousa, socio de López y procesado en la causa "Los Sauces" junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La maniobra

Para el fiscal, los hechos se habrían iniciado en 2005 cuando el entonces presidente Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló el régimen de promoción industrial de Alcalis de la Patagonia mediante el DNU 475/05.

Pero en junio de 2006, la empresa quedó bajo el control de otra denominada South Mineral SA, cuyos presidente y vice eran entonces De Sousa y Zamora, respectivamente, y ahí comenzó el proceso de saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Investment, como también al Estado nacional.

La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con la deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces Ministerios de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la Dirección General de Asuntos Jurídicos) que dejaron vencer los plazos para defender los intereses del Estado Nacional en dicho APE, con el consecuente perjuicio patrimonial al erario público.

De acuerdo con la presentación del fiscal Rodríguez, el acuerdo preventivo "habría exhibido una serie de graves irregularidades -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de síndico, computación de deudas en monedas extranjera, ausencia de intervención fiscal, etc.- que darían cuenta que el juez habría actuado de modo parcial y en exclusivo interés y beneficio de la empresa, perjudicando al Estado Nacional".

Agencia DyN


http://www.lanacion.com.ar/2010298-denuncian-a-ex-funcionarios-de-la-gestion-kirchnerista-por-administracion-infiel-en-perjuicio-del-estado
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 16, 2017 10:48 pm

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«Macri, protegido por la herencia del kirchnerismo»
Carlos Pagni, LA NACION
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La campaña electoral de Mauricio Macri parece sometida a una lógica de hierro. Si no puede reclamar el voto como una contraprestación por los éxitos de la gestión, debe hacerlo como aval al cambio en contra del pasado kirchnerista. La realidad suele colaborar para que el Presidente pueda administrar esta dicotomía. Por ejemplo, el aumento de tarifas de julio del año pasado fue atenuado por la irrupción nocturna de José López revoleando 9 millones de dólares sobre el muro de un convento. En las últimas horas volvió a funcionar el sortilegio. La inflación de marzo, que se conoció anteayer, fue de 2,4%.

Apenas se divulgó el dato, Lázaro Báez tuvo la amabilidad de sufrir una descompensación que lo sacó de la cárcel y lo llevó al sanatorio de los Arcos. Sus allegados explicaron a los médicos el motivo del percance: la justicia suiza reveló la existencia de una cuenta de 25 millones de dólares, de la que Báez es titular junto con sus hijos. Báez entró en una depresión. Está complicada toda su familia.

Nicolás Dujovne reconoció ayer que el Gobierno está preocupado por el comportamiento de los precios. Otros miembros del gabinete, sin embargo, tienen un desvelo superior: la reacción de Federico Sturzenegger. El presidente del Banco Central subió la tasa de política monetaria 150 puntos básicos, llevándola de 24,75% a 26,25%. El objetivo es que la inflación no supere el 17% que él previó. Entre los economistas no está claro cómo se fijó ese tope. Una versión indica que fue cuando Alfonso Prat-Gay pronosticó un 25% de inflación para 2016 y 17% para este año. Fue en enero del año pasado, cuando todavía se desconocía el impacto del aumento de tarifas.

Hay funcionarios que, como Mario Quintana, ya estaban inquietos por los efectos recesivos del costo del dinero. Una coincidencia tardía con Prat-Gay, que acaso se refuerce porque Quintana incorporó a su equipo a Vladimir Werning, que fue jefe de Gabinete del ministro removido. Ahora Quintana tiene un motivo mayor para preocuparse. El índice de inflación y la reacción del Banco Central, que en homenaje a su propia independencia fue inconsulta, cambian las coordenadas de los acuerdos sectoriales que negocian Jorge Triaca y Francisco Cabrera con sindicatos e industriales. Tampoco los convenios salariales serán los que se venían discutiendo. Macri suele respaldar a Sturzenegger sin reparos. Pero igual consintió que se prepare para hoy una reunión en Olivos para analizar con el gabinete económico y con Sturzenegger la nueva situación.

Báez ingresó al sanatorio de los Arcos en el momento justo. A los profesionales que lo asistieron no los alarmó tanto su arritmia, sino lo que parecía un cuadro depresivo. Ayer se conoció el motivo del estrés. Apareció la cuenta que involucra a sus hijos, Martín, Leandro, Luciana y Melina, en la trama de sociedades que sirvieron para sacar dinero negro del país. En junio pasado la había denunciado el titular de la UIF, Mariano Federici, quien pidió la detención de los cuatro jóvenes. Ahora ese desenlace parece inevitable.

La leyenda se reactiva. Báez tendría un solo límite para revelar lo que, se supone, conoce de las intimidades patrimoniales de los Kirchner: que toquen a sus hijos. Hasta ahora ha callado. A pesar de que Martín Báez habría negociado con funcionarios del Gobierno suministrar información a cambio de que se desplace de la causa a Casanello. El acuerdo se habría definido, según fuentes muy confiables, el 10 de mayo del año pasado, en unas oficinas de la avenida Córdoba 991. Un capítulo del pacto era desplazar a Casanello, denunciando una supuesta reunión entre el juez, Báez y Cristina Kirchner. Los testigos que se prestaron a suministrar los detalles de ese encuentro ahora están procesados por mentir. El gestor de la transacción habría sido un fiscal. ¿Eduardo Miragaya, quien trabajaba en la AFI, a las órdenes de Silvia Majdalani? El titular de esa agencia, Gustavo Arribas, lo despidió el 15 de marzo último.

Casanello no oficializó la información que recibió de Suiza. Pero está interesadísimo en la salud de Báez. Ayer pidió, antes de devolverlo al penal, que lo revisara un médico forense. La ex presidenta debe haber suspirado. Con el mismo afán con que ha rogado que Báez no hable, ahora tiene que desear que viva mucho. Hay que evitar especulaciones malditas. Mejor no comparar con otro caso.

Los tribunales tienen garantizado el centro de la campaña electoral. No sólo por los enigmas sobre el enriquecimiento de los Kirchner. También aparecen los coletazos de Odebrecht, sobre todo por los contratos con AySA, la empresa estatal de aguas. Casanello, también a cargo de ese caso, puso bajo la lupa a Carlos Ben, el presidente de AySA durante el kirchnerismo. Fue la sombra del sindicalista José Luis Lingeri, "Mr. Cloro". También son investigadas varias firmas del sector, como Transclor, de Mauricio Filiberti, o Megatrans, de la musa de la obra pública, Graciela de la Fuente, íntima de Aníbal Fernández.

Elisa Carrió también mantiene viva la llama judicial. Pero el eje de su pleito no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Por eso el juicio político que pidió contra Ricardo Lorenzetti incomoda al oficialismo.

Macri volvió a distanciarse del conflicto. En la intimidad, suele lamentar que el presidente del máximo tribunal del país sea vapuleado en una campaña electoral. Y confiesa valorar a Lorenzetti, en especial por cómo se comportó frente al aumento de tarifas. Los allegados a Carrió aclaran: "Todo lo que hace «Lilita» lo pacta con Macri". Hay algo que, seguro, no pactó: el comunicado en que su partido elogió la lucha "en soledad" de Carrió contra las mafias.

El criterio de Macri se traslada a Diputados. El oficialismo, con la excepción de la Coalición Cívica, ignorará la iniciativa de la diputada. La Comisión de Juicio Político, que preside el larretista Álvaro González, seguirá sin reunirse, como hasta ahora. Allí hay un solo representante de Carrió: Carrió.

Podría suceder algo poco convencional. Que la decena de diputados del Frente para la Victoria que integra Juicio Político apoye la iniciativa de Carrió. Chocarían con un inconveniente: si la comisión fuera convocada, los oficialistas prevén tratar primero la remoción de Alejandra Gils Carbó. Esa estrategia se concibió cuando José Luis Gioja pidió el jury contra Macri.

Bloqueada toda discusión en ese campo, Gils Carbó será expuesta en otra escena. La procuradora es la obsesión de Macri. Es posible que, a instancias del radicalismo, la comisión que controla el Ministerio Público, que preside Graciela Camaño, comience a sesionar, con un desfile interesante de testigos.

Las catilinarias de Carrió contra Lorenzetti continuarán. Es casi seguro que ella se postulará en la Capital. No habría que descartar que invitara a Martín Lousteau a integrar una lista de unidad. Carrió no quiere ser el instrumento de Pro en un conflicto con el ex embajador. Para Lousteau sería una encrucijada.

Más difícil es saber qué destino tendrá el conflicto con el presidente de la Corte en el terreno judicial. María Servini de Cubría investiga la mutual Pyme Rural, salpicada por negocios con la AFA. Allí aparecen como socios Lorenzetti y sus hijos. El magistrado aclaró que fue un depositante más. En los tribunales hay mucha precaución con esa causa. El viernes pasado, por ejemplo, el camarista Eduardo Freiler reclamó el expediente. Se rumoreaba que Servini iba a allanar la mutual de Rafaela.

Servini está recusada por Pyme Rural. Y Freiler es clave en esa decisión. Su colega Jorge Ballestero no puede intervenir porque integra el tribunal de disciplina de la AFA. Lo subroga Leopoldo Bruglia. Ambos podrían aliviar al presidente de la Corte. Aunque tal vez no haga falta. Servini cree que Lorenzetti la quiso retirar impulsando el fallo que establece la jubilación obligatoria a los 75 años. Aunque ella tiene una declaración de un tribunal previsional que le permite seguir en los tribunales. Una curiosidad: el fiscal del caso fue Miragaya. Para la jueza hay otra salida. En el Ministerio de Justicia examinan proponer que continúe en el cargo cinco años más. ¿Lo aceptará Macri? La pregunta interesante es otra: ¿lo aceptará Servini? Ayer en Comodoro Py circuló la versión de que está pensando en retirarse.


http://www.lanacion.com.ar/2009823-macri-protegido-por-la-herencia-del-kirchnerismo
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Abr 17, 2017 5:19 am

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«Nuevas indagatorias en la causa que investiga la obra pública K»
Arrancan mañana
Apuntan a toda la estructura de Vialidad Nacional. Por este caso están procesados Cristina, Báez y De Vido. Lucía Salinas, Clarín
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En problemas. El dueño de Austral Construcciones y socio de los Kirchner, Lázaro Báez. Foto Opi Santa Cruz.

La causa que investiga la corrupción en la obra pública tendrá mañana un nuevo impulso cuando arranque una segunda etapa de indagatorias. Después del informe presentado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la Justicia ahora apunta a las autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), su referentes en la delegación en Santa Cruz y los responsables del organismo provincial. Se investiga el funcionamiento de una estructura que estaba "orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz a Lázaro Báez" por más de $ 46.000 millones, según el monto actualizado a 2016.

En esta causa que investiga el direccionamiento de la obra publica K ya fueron procesados la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, José López, y el ex coordinador de la Obra Pública -y primo del ex presidente- Carlos Santiago Kirchner, entre otros.

La Justicia sostiene que hubo un esquema "de beneficios exclusivos diseñado en favor de Lázaro Báez" para "direccionar obra pública vial". Según Pollicita, la DNV ocupó un "rol clave" ya que desde dicho organismo se debía pagar y controlar las rutas y caminos que tuvo el Grupo Austral. Es por ello que sus principales autoridades serán indagadas en esta causa.

Nuevas indagatorias en la causa que investiga la obra pública K
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Lázaro Báez, el empresario K más beneficiado con los contratos viales durante el kirchnerismo. Foto: Pedro Lázaro Fernández

Se trata de Sandro Férgola, Julio Ortíz Andino, Carlos Alonso, Jorge Gregorutti, Sergio Passacantando, Gustavo Gentili y Fernando Abrate, a quienes se les pidió la imputación."El aporte que cada uno de ellos prestó al plan criminal resultó trascendental", aseguran los fiscales. En el escrito sostienen que los imputados lograron "extender en el tiempo" las maniobras ilícitas "sin que ninguno de los funcionarios le pusiera fin o efectuase alguna denuncia". Y argumentan que para eso fue necesario "el acuerdo previo de todos ellos".

Mirá también - Ordenaron secuestrar 300 máquinas de Lázaro Báez para repartirlas en todo el país

Entre las principales autoridades se apuntó contra el jefe de Distrito, Mauricio Colladera. Debía seguir la "correcta ejecución" de las obras. "A la hora de supervisar la marcha real de las obras, conocía que los plazos de obra eran groseramente incumplidos, que los planes de trabajo se modificaban constantemente y que así se lograba prorrogar una y otra vez las fechas de finalización, como también redeterminar precios en sucesivas oportunidades", indica el informe.

Nuevas indagatorias en la causa que investiga la obra pública K
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Austral Construcciones la empresa insignia de Lázaro Báez. Sus máquinas quedaron en manos de Vialidad Nacional. Foto Juano Tesone.

Férgola, gerente de Obras y Servicios Viales, debía controlar el proceso constructivo de las obras. Se consignó que los expedientes licitatorios llegaban a dicha área "con ostensibles vicios que impedía su homologación: participaban empresas del mismo grupo en las licitaciones, incrementando el presupuesto oficial y los montos de convenio".

Mirá también - Investigan sospechosos movimientos en favor de Báez desde el Banco Nación

También, se otorgaba obra vial "por encima de la capacidad de contratación y ejecución anual, las adjudicaciones se producían en tiempo récord en licitaciones donde había un único competidor". Entre las irregularidades, consignaron que se designaba un mismo representante técnico y las mismas planillas de maquinaria para diversas obras en simultáneo. Pese a todo esto, se "convalidaban los pagos a favor del Grupo Báez a pesar de sus incumplimientos e irregularidades".

Los gerentes de Administración serán indagados por permitir el uso de fondos públicos "para pagar" a Báez ofertas que no solo aumentaban "excesivamente el presupuesto, sino que superaba los montos de convenio". Las empresas de Báez, según los fiscales, no tenían "la capacidad económica de ejecutarlas. Permitían que se introduzcan "modificaciones de obra que incrementaban sideralmente los costos". Esto representó "un flujo millonario de fondos públicos hacia Lázaro Báez", sostienen los fiscales.

Nuevas indagatorias en la causa que investiga la obra pública K
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El acceso principal de Austral Construcciones, firma insignia de Báez. Foto Maxi Failla.

El área de Planeamiento, Investigación y Control, la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, están acusados de participar en los expedientes vinculados a Báez cargados de vicios, al igual que el administrador General por "homologar todos los procesos de licitación realizados en Santa Cruz" sin formular "objeción alguna ni señalar la ilegitimidad de ninguna de las numerosas irregularidades". Esto permitió que el empresario K obtuviera obras "en abierta infracción a las normas vigentes". Y calificaron a la subgerencia como "un eslabón imprescindible que en cada licitación otorgaba un dictamen favorable".

Mirá también - La ruta del dinero K: la UIF detectó más operaciones de Helvetic por U$S 9 millones

El Sub administrador General, cargo ocupado por Férgola, era el segundo del organismo en cuanto a jerarquía, toma de decisiones e influencia. "Prestó su acuerdo previo a participar del plan criminal diseñado por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, que convirtió a Báez, amigo y socio comercial de la ex familia presidencial, en el empresario vial más beneficiado de la gestión presidencial anterior, que pudo incrementar sideralmente su patrimonio". Entre 2005 a 2015 el mismo ascendió a $ 2.547 millones.

https://www.clarin.com/politica/nuevas-indagatorias-causa-investiga-obra-publica_0_r1a22IF6g.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 18, 2017 8:08 am

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«Casanello planea citar a indagatoria a los hijos de Báez»
La ruta del dinero K
También volvería a llamar al empresario. Busca profundizar el caso como había pedido la Cámara Federal. Clarín
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Lázaro Báez continúa preso y ahora apuntan a sus hijos.

El juez federal Sebastián Casanello prepara una nueva ronda de declaraciones indagatorias en la causa conocida como "ruta del dinero K" que puede derivar en nuevos procesamientos e incluir al ya detenido Lázaro Báez, sus hijos y otra veintena de sospechosos, según reveló anoche el programa La Cornisa, de América TV.

La nueva ronda de indagatorias que se planea en el juzgado de Casanello estaría directamente relacionada con una de las últimas intervenciones que tuvo en la causa su tribunal superior, la sala II de la Cámara Federal, que a través de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah le recomendó no elevar la causa a juicio sino ampliarla a otros hechos y con otro enfoque, como pedía la Unidad de Información Financiera.

Otra novedad es que la justicia suiza confirmó oficialmente al juzgado de Casanello hace dos semanas la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. El exhorto suizo llegó hace unos diez días y está guardado en una caja fuerte del juzgado de instrucción de Comodoro Py.

La Cámara le recordó hace un mes al juez que ya en dos resoluciones del año pasado le había indicado "la necesidad de profundizar" la causa "en torno a las constancias existentes que daban cuenta que toda la fortuna manejada por Lázaro Báez había sido lograda en función de que sus relaciones personales derivaron en la irregular concesión de obra pública a su favor –en empresas creadas o compradas a tal fin- en razón de sus lazos con quienes ejercían el poder de turno", es decir con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Es decir, el tribunal superior a Casanello retomó la hipótesis de enlazar esta causa con las otras que afrontan los Báez y los Kirchner, como por ejemplo la del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el caso Hotesur, ambos a cargo del juez Julián Ercolini, y con procesamientos ya dictados en la primera de ellas, y la causa conocida como "Los Sauces", en la que el juez Claudio Bonadio procesó recientemente como jefes de una asociación ilícita a Cristina Fernández y sus dos hijos.

"Nada se avanzó en este expediente en torno a la vinculación de los fondos a disposición del grupo (Báez) con la irregular concesión de la obra pública a las empresas formadas por los -hasta aquí- principales imputados, en base a sus relaciones personales y comerciales con quienes ejercían los más altos cargos ejecutivos en el poder de turno", le dijeron a Casanello en marzo Irurzun y Farah.

Estos jueces le recordaron al juez instructor que, además, falta "avanzar en la definición de la situación procesal de otros imputados (quienes aún se encuentran con falta de mérito para procesar o para sobreseer) respecto de los hechos" por los que inicialmente fueran procesados, esto es "la compra de algunos inmuebles y automóviles valiosos" y los gastos del "suntuoso" casamiento del valijero Leonardo Fariña con la modelo Karina Jelinek. Por esos hechos sólo están procesados Fariña, el financista Federico Elaskar y el empresario Carlos Molinari.

También le remarcaron que antes de elevar el caso a juicio falta una "definición sobre los hechos primigeniamente denunciados como acaecidos en la segunda mitad del año 2010 (de los que dieron cuenta Elaskar y Fariña en un programa periodístico, relativos a importantes sumas de dinero en moneda extranjera atribuidas a Lázaro Báez y su grupo empresario llevadas a SGI en bolsos para ser luego sacadas fuera del país) y que fuera el puntapié inicial de la denuncia de los hechos investigados".

""Tampoco se definió el mérito, en la misma lógica de eventos concretos, en torno a la hipótesis que afirma la existencia de un importante patrimonio ilícito, parte del cual habría salido del país por canales irregulares y -al menos parcialmente- reingresado después por distintas vías", destacaron los camaristas en su última intervención.

https://www.clarin.com/politica/casanello-planea-citar-indagatoria-hijos-baez_0_ryQhsw-Cg.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 18, 2017 8:09 am

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«Significativos realineamientos en la interna de la familia Báez»
Cambios de posiciones entre los hijos del dueño de Austral
Los hijos varones están molestos con su padre porque los expone a una eventual prisión preventiva. Daniel Santoro, LA NACION
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Los hijos de Lázaro Báez arriban al aeroparque a fin del año pasado.

Dentro de la familia de Lázaro Báez se produjo un llamativo realineamiento de posiciones frente a las investigaciones judiciales de las que son objeto en varias causas por corrupción.

Cuando empezó la causa de la ruta del dinero K en el 2013, Báez está pegado a su hijo mayor, Martín, mientras que Leandro, Luciana y Melina formaban otro grupo. La ex esposa de Báez Norma Calismonte se mantuvo al margen y siempre hizo saber que su límite para mantener el silencio eran que no encarcelaran a sus hijos.

El reposicionamiento se produjo a fines del año pasado, según fuentes del entorno familiar, cuando el titular de Austral Construcciones rechazó una propuesta del fiscal federal Guillermo Marijuan de confesar a cambio de mejorar la situación judicial de sus hijos, sobre todo de Martín que ya tiene dos procesamientos.

Así Martín se acercó a Leandro, quien es el más proclive a sacar a la familia del medio del conflicto judicial tras una hipotética confesión de su padre y una ruptura de los vínculos reservados con la ex presidenta Cristina Kirchner. Por ejemplo, el año pasado, Leandro había aceptado responder preguntas del juez federal Claudio Bonadio en la causa Los Sauces y afirmado que camiones de Austral llevaron material a la actual casa de la ex presidenta Cristina Kirchner en Río Gallegos para hacer reparaciones. Martín está preocupado por su seguridad y la de sus familia y ya habría recibido mensajes amenazantes para que no rompa el pacto de silencio con los Kirchner.

En cambio, las hijas mujeres que estaban con Leandro, a principios de año se abroquelaron con el padre por razones que se desconocen.

Seguramente, la arritmia de Báez de esta semana se debe a la llegada del primer exhorto de la Justicia suiza al juzgado de Sebastián Casanello confirmando que él y sus cuatro hijos tienen una cuenta en ese el banco Safra con 25 millones de dólares. Ahora Casanello cuando termine de interpretar el primer envío oficial de información suizo, tiene que decidir si procesa a los cuatro hijos y también si acepta el pedido del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, de dictar su prisión preventiva.

Sin embargo, hasta la llegada de la primer respuesta suiza, hace unos diez días, Báez había ordenado a sus hijos seguir la estrategia judicial que dicte su abogado Maximiliano Rusconi. En tribunales se interpretó este gesto como que el padre quiere, por ahora, seguir sin romper con Cristina, como ha hecho durante todo un año, mostrando una fuerte lealtad hacia la familia de su amigo y compañero, Néstor Kirchner.

Pero ahora tendrá que dudar. Los mensajeros de la ex presidenta le habían prometido que Suiza no iba a responder y que el gobierno del presidente Mauricio Macri iba en picada. Ambas premisas resultaron falsas y ahora Báez carga una responsabilidad que ningún padre puede soslayar: la suerte de sus hijos.


https://www.clarin.com/politica/significativos-realineamientos-interna-familia-baez_0_SJ-N10Apl.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 18, 2017 8:09 am

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«La suiza Helvetic prestó $ 453 millones a Austral Construcciones»
Una nueva maniobra de la compradora de "La Rosadita"
El aporte figura en el balance de la empresa de Báez. Fuentes judiciales sospechan que sería una fachada de ingreso de plata negra. Daniel Santoro, LA NACION
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Lázaro Báez, preso desde hace un año. Foto: Pedro Lázaro Fernández.

En la contabilidad de Austral Construcciones se descubrieron nuevos giros financieros extraños que demuestran que, además de haber recibido 3 mil millones de dólares en contratos de obra público, funcionó como “una usina de blanqueo de fondos provenientes” de otras actividades.

El más raro un aporte de 453 millones de pesos de la empresa suiza Helvetic Services Group del año 2013 en calidad de "préstamo" que, después fue devuelto por Austral con el aporte de 19 empresas sin capacidad crediticia. Entre estas empresas figuran Logística y Servicios Integrales del Sur S.A. (14 millones), Agroexport Bahía Blanca (19 millones), Tarjeta Cosmopolita (45 millones) y una anciana de 75 años adscripta a la AFIP como monotributista (39 millones).

Para los investigadores estos giros demuestra que la empresa principal de Lázaro Báez, además, habría servido para blanquear plata de otros casos de otras actividades ilegales. El director de Helvetic, el italo-argentino Néstor Ramos, está prófugo de La justicia argentina desde el año pasado y es un personaje que conoce los secretos de esta operatoria misteriosa. Helvetic -una empresa suiza que maneja fideicomisos- ya había tenido dos roles clave en el manejo de la plata negra de Báez. Primero cuando compró, a través de Sernorte, “La Rosadita” (SGI) a Federico Elaskar, en el 2013 y luego ayudó a repatriar 33 millones de dólares desde el banco suizo Safra.

Clarín accedió en fuentes judiciales a un informe sobre la contabilidad de Austral que contiene esos y otros hallazgos. Está basado sobre los libros contables de la empresa que investiga la jueza comercial María Gigy Traynor, quien había advertido en noviembre del año pasado “un agujero” de 453 millones que estaban contabilizados como “aportes no capitalizados”, sin advertencia las referencias a Helvetic.

Específicamente, Helvetic entrega “en carácter de aporte no capitalizado 453.971.908 pesos” y así se consiga en el ejercicio contable de Austral del 2013. Entonces, la empresa constructora hace ingresar los fondos. Pero como Austral “no tiene los fondos suficientes para cancelar el préstamo por acta de asamblea se les aplica una teórica multa de 202.847.391 pesos”. El informe señala que la multa “está expuesta como resultado extraordinario (ganancia) que se absorbe con quebranto para no pagar impuestos”. Los investigadores sospechan que, en realidad, se trataría de aportes contables ficticios -hasta ahora no encontraron los cheques o transferencias que los avalen- para tapar el ingreso de plata negra en efectivo. Pese a que la constructora de Báez llevó a recibir 3 mil millones de dólares en contratos de obra pública en sus balances presentó deudas y quebrantos.

También había beneficios impositivos porque hacían figurar que Austral presentaba quebrantos en sus balances y “en connivencia con funcionarios de la AFIP se le otorgaban planes especiales de pago (artículo 32) de la ley 11.683 que eran a hasta 120 meses con tasas preferenciales”.

Estos aportes extraordinarios son clave porque el resto de los ingresos de Austral eran cheques que les pagaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que están bancarizados dentro del circuito legal.

Y desde mediados del 2013 cuando echó a Elaskar y al valijero Federico Elaskar de su entorno para reemplazarlos por el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, Báez comenzó a comprar bienes inmuebles en forma sistemática, como departamentos y estancias. Las compras más famosas fueron los campos en Mendoza y San Ignacio, Uruguay.

Este nueva táctica comenzó luego del programa de TV de Jorge Lanata puso a Báez en la mira de la opinión pública, luego de la primera denuncia que le había hecho la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Las fuentes suponen que esas compras era para que Báez hiciera en el futuro una “devolución de favores”, en referencia a los Kirchner. El otro retorno, dice el informe, fue el alquiler de departamentos y de los hoteles de la ex familia presidencial a precios superiores de los que paga el mercado inmobiliario.

En forma paralela, Austral comenzó a comprar facturas truchas a la usina que manejaba Juan Suris, el amigo de Fariña y ex novio de la vedete Mónica Farro para aumentar los gastos de la compañía y poder hacer “pagos menores” en negro.

Para las fuentes estos datos obtenidos del balance de Austral deberían ser incorporados a las causas la ruta del dinero K (juez Sebastián Casanello), Hotesur y Los Sauces (juez Julián Ercolini) y a la del redireccionamiento de la obra pública porque la Justicia no investiga a este caso como un todo y cada magistrado tiene solo una pequeña parte de un proceso mayor.


https://www.clarin.com/politica/suiza-helvetic-presto-453-millones-austral-construcciones_0_SJC6PaRTe.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 18, 2017 8:10 am

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«Otra venta sospechosa de un inmueble involucra al ex esposo de Gils Carbó»
La situación judicial de la procuradora
En 2009, el Ministerio Público Fiscal le compró una propiedad a Héctor Alonso y a la hija de la procuradora. Nicolás Wiñazki, Clarín
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El allanamientoa la Procuración que comanda Gils Carbó la semana pasada. Foto: Guillermo Rodriguez Adami.

La Procuración General de la Nación y la familia de la titular de ese organismo, la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbo, se entrecruzan por negocios inmobiliarios en común. Y también por contrataciones de parientes directos de la jefa de los fiscales en entes públicos en los que ella tenía influencia.

La Justicia investiga a Gils Carbó por la adquisicion de un edificio, desde el 2013 nueva sede de la Procuración, cuya compra tuvo un costo para el Estado por 43.850.000 pesos.

Mirá también - Indagarán a Alejandra Gils Carbó por la compra de la sede de la Procuración

Guillermo Bellingi era y es Subprocurador. Su hermano, Juan Carlos Thill, un corredor de seguros sin vínculos con el mercado inmobiliario, cobró 3 milllones de pesos para “gestionar trámites relacionados” con esa operación, según surge de un contrato firmado entre el vendedor de la “nueva” sede del lugar de trabajo Gils Carbó, y Thill. Ese documento fue publicado por el portal Infobae.

El juez Julián Ercolini, y el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción de la causa en la que Gils Carbó está imputada, consideran que la Procuradora puede haber cometido, entre otros posibles delitos, el de negociaciones incompatibles con la función pública.

Mirá también - El empleado de Gils Carbó bajo sospecha tenía acceso a datos y causas por lavado de dinero

Hay al menos un antecedente que relaciona a la familia Gils Carbó con la compra de otro inmueble que pagó el ente que hoy ella dirige.

En 2009, la hoy Procuradora era fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Ese año su ex marido, Héctor Alonso, y su hija Damiana, le vendieron al Ministerio Público Fiscal de forma indirecta un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires por 340 mil dólares.

La compra de esta propiedad, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1176/78, fue pagada por la Defensoría General de la Nación, bajo mando de Stella Maris Martínez.

Ese organismo depende del Ministerio Público Fiscal.

Esa operación inmobiliaria fue realizada por Alonso y la hija que tuvo con Gils Carbó a través de una de sus empresas, llamada Tecnomadera SAIC.

Mirá también - Sospechas de corrupción: por primera vez, una denuncia preocupa a Gils Carbó

La Justicia investiga además, en estas semanas, si Alonso, el marido de Gils Carbó, también estuvo involucrado en la trama de la compra-venta de la “nueva” sede de la Procuración en la calle Perón, una mudanza del Ministerio Público Fiscal, urgente en el 2013, pero acaso innecesaria, debido a que la jefatura de los fiscales ya tenía una residencia en la que funcionó sin problemas hasta entonces.

Es un edificio de puro estilo franco-británico que se levanta sobre la calle Guido, en Barrio Norte Los lazos financieros entre la familia de la Procuradora de la Nación presentan además otras variables.

En mayo del 2016, la Defensoría de la Ciudad, al mando de Horacio Forti, contrató a la hija menor de la Procuradora General y del “broker” Alonso, llamada Alexia, como auxiliar en un juzgado.

En la resolución que podría ser considerada parte de una norma que instrumenta el favoritismo materno-filial, el Defensor de la Ciudad, Corti, no titubea en asegurar que los motivos para designar a Alexia Alonso solo provienen de su "capacidad y la idoneidad para cubrir el cargo” que se le asignó.

Mirá también - Armonías y conspiraciones en la Corte

Las partidas que en este septenio le han pagado puntualmente sus sueldos, aguinaldos y asignaciones familiares salen del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Corti dijo públicamente que la Procuración y su Defensoría tienen en común "elementos" que considera "muy profundos" para poder "implementar políticas en conjunto para ayudar y defender los derechos de la sociedad”.

Damiana, la hermana de Alexia, socia de su padre en al empresa Tecnomadera, también dio pruebas de sus capacidad e idoneidad profesionales, pero esta vez para desempañarse en varios cargos al mismo tiempo.

Empresaria del “real state”, también fue empleada de la Unidad de Información Financiera (UIF), durante la gestión K del hoy procesado por posibles deficiencias en su ideoneidad, José Sbatella. En paralelo, Damiana, también trabajó para la agencia oficial de noticias Télam.

Y creó, junto a la idónea Alexia, una ONG en cuya página web se destacaba los trabajos de la madre de ambas, Gils Carbó.

Según denuncias de la opositores al Gobierno de los Kirchner, ese sitio también filtró información que debería haber sido reservada porque develaría el avance de causas judiciales contrarias a los intereses de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La ONG fundada por las Alonso-Gils Carbó tenía un nombre que enlaza por azar los rubros y cualidades que deberían destacarse en las carreras profesionales de su padre y su madre: “Mercado y Transparencia”.


https://www.clarin.com/politica/venta-sospechosa-inmueble-involucra-ex-esposo-gils-carbo_0_ByRdU_Z0g.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Abr 19, 2017 5:07 pm

study
«Cristóbal López deja uno de sus alquileres a Cristina: el interventor judicial le aumentaba 70%»
Sospechas de corrupción
El empresario no renovó uno de los contratos de Indalo con la firma Los Sauces, por un inmueble en Puerto Madero. Lucía Salinas, Clarín
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Edificio Madero Center, donde están las propiedades de Cristina alquiladas a Cristóbal López. Foto: Andrés DElia

Después de meses de negociar condiciones y precios con el interventor judicial que maneja la inmobiliaria de Cristina Kirchner, Los Sauces SA, el empresario Cristóbal López decidió no renovar uno de los alquileres que mantuvo con la firma investigada por lavado de dinero. Se le actualizó su valor que requiere un aumento cercano al 70% y el empresario K decidió no continuar alquilando el piso por el que pagaba 7.500 dólares por mes. Sólo el contrato por el dúplex donde tiene sus oficinas logró actualizarse: será por dos años, con un aumento del 5%, el dinero se depositará en una cuenta a nombre de la intervención y a diferencia de los años anteriores, será en pesos.

Cristóbal López desde 2009, se convirtió en el principal inquilino de Cristina Kirchner. Representó el 63% de la facturación: unos 17 millones de pesos en seis años por el alquiler de los pisos 8 y 9 “D”, del edificio “Juana Manso” del complejo “Madero Center” y por el piso 4 L del edificio “Dique” del mismo complejo.
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Cristóbal López después de declarar en la causa Los Sauces SA, donde fue procesado por Bonadio. Foto Pedro Lázaro Ferández.

Los pagos se realizaron siempre en dólares y a través de cheques que fueron librados desde la cuenta bancaria de Inversora M&S SA y Alcalis de la Patagonia, empresas de López y su socio Fabián de Sousa, dirigidos a Los Sauces SA “sin motivo ni documental que los avale”, sostuvo el juez Bonadio cuando procesó a la ex Presidenta por asociación ilícita y a los dueños del Grupo Indalo.

Los contratos de locación vencieron hace poco más de un mes y medio y la negociación para su renovación, que fue el plan original de Cristóbal López, presentaron varios inconvenientes. El primero de ellos, es que la inmobiliaria de los Kirchner se encuentra intervenida desde el 16 de diciembre por orden judicial. El control de la sociedad, las decisiones y el manejo de sus ingresos es controlado por Francisco Branda con quien los abogados del dueño de Indalo, tuvieron que acordar las nuevas condiciones.
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El edificio de Madero Center donde Cristóbal López alquila a la ex Presidenta. Foto DyN.

No todo llegó a buen puerto. En el caso del alquiler que se celebró con la firma Alcalis de la Patagonia por alquiler del piso 4° “L”, donde reside la ex esposa de De Sousa, el interventor basándose en lo consignado por Bonadio, pidió que los valores locatarios se actualicen, ya que se abonaba un precio por debajo de lo real, según el Tribunal de Tasación de la Nación. Es por ello que se buscó aplicar un aumento que ronda el 70% según pudo saber Clarín "para aproximarse al valor real", indicaron fuentes judiciales.

El Grupo Indalo por ese departamento, pagaba 7.500 dólares mensuales (720.000 desde 2009 a 2016) -a través del depósito de un cheque remitido a la cuenta de Los Sauces en el banco Santa Cruz-. Ahora se le estaba exigiendo una cifra superior a los 12.750 dólares. “Se va a buscar otro alquiler, no se va a abonar ese valor”, indicaron desde el entorno de López a este medio.

Así, el empresario K sólo mantendrá el alquiler del dúplex de Juana Manso 555, donde tiene su oficina principal y funciona Administración Austral, la firma que nuclea las participaciones accionarias de López en diferentes sociedades. Por estos inmuebles Inversora M & S pagaba 32.250 dólares por mes (el último año). Desde 2012 a febrero de este año garantizó a la ex Presidenta 1.727.500 dólares. El interventor Branda fijó para el primer año de renovación de contrato, un 5 % de aumento, y el mismo porcentaje para el próximo período.

El alquiler en este caso, se renovó por dos años y al estar intervenida Los Sauces SA, el alquiler se pagará con cheques a nombre de la intervención judicial y en pesos al tipo de cambio oficial del día.

La Justicia sostuvo que estos acuerdos comerciales "bajo el nombre de alquileres", eran en realidad “la forma de devolución ilegal por la obra pública obtenida y concesiones en el juego” obtenidas durante el gobierno kirchnerista. Cristóbal López se defendió diciendo que le alquilaba a Cristina por "comodidad" (ya que vive en el mismo edificio), y porque le cobraba "alquileres más baratos" en relación a otros contratos de Indalo con otras inmobiliarias. Ese beneficio se acabó.

https://www.clarin.com/politica/cristobal-lopez-deja-alquileres-cristina-interventor-judicial-aumentaba-70_0_SJT--DSRg.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 20, 2017 8:12 pm

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«Suiza confirmó operaciones de la "ruta del dinero K" en ese país y Casanello ordenó 27 indagatorias»
Lázaro Báez y sus hijos deberán volver a declarar tras las revelaciones. Clarín
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Lázaro Baez fue citado nuevamente a declarar ante Casanello. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

El juez federal Sebastián Casanello recibió información que había pedido en Suiza y ordenó 27 declaraciones indagatorias, entre ellas las del empresario Lázaro Báez, detenido en Ezeiza desde abril de 2016, y las de sus hijos, en la causa por lavado de dinero vinculado al enriquecimiento de Báez producto de la obra pública.

Casanello, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7, dispuso ampliar las indagatorias a Báez y sus hijos Leandro, Luciana, Melina y Martín Báez, y ordenó indagar a nuevos imputados tras recibir una respuesta parcial desde Suiza que confirmó que ese país fue parte de la ruta usada para canalizar fondos ilegales por parte de los acusados.

Lázaro Báez deberá ser trasladado de la cárcel de Ezeiza para ser indagado el próximo 6 de junio a las 10 y sus hijos Leandro, Luciana, Melina y Martín tendrán que presentarse el 28 de abril y el 2, 3 y 4 de mayo, respectivamente.
"Debe mencionarse aquí la incorporación de una nueva prueba fundamental al legajo: la respuesta parcial de las autoridades de la Confederación Suiza al pedido de cooperación librado en el marco de esta investigación", advirtió el magistrado.

Casanello reveló que llegó al juzgado un sobre proveniente de Suiza con un pendrive que contiene información encriptada. "Sin perjuicio de que dicha información debe ser traducida al español, un examen preliminar -que no se agota aquí- permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos", detalló.

El magistrado dijo que la información es un avance "crucial" en la causa.

El pedido a Suiza. El pedido de información a Suiza lo habían hecho el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan mediante un exhorto tramitado por la Cancillería. En Suiza, el Poder Ejecutivo le había dado primero admisibilidad formal al exhorto, que luego fue analizado por el Ministerio Público Fiscal.

Casanello y Marijuan habían pedido a Suiza información sobre una cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra que tendrían como beneficiarios a sus cuatro hijos.

En junio del año pasado, Casanello y Marijuan viajaron a Suiza y se entrevistaron con las autoridades judiciales de ese país. Les explicaron las razones de sus pedidos de auxilio y los suizos se mostraron muy dispuestos a colaborar.

Lázaro Báez está preso por orden del juez Casanello en una causa por lavado de dinero vinculado a su enriquecimiento producto de la obra pública. También está procesado como jefe de una asociación ilícita por el juez Claudio Bonadio y por integrar esa misma asociación por el juez Julián Ercolini.

http://www.lanacion.com.ar/2013188-juez-casanello-informacion-suiza-lavado
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 20, 2017 8:12 pm

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«Cristina pidió que le anulen el embargo y el procesamiento por la obra pública»
Sospechas de corrupción
A través de su abogado, presentó un escrito ante la Cámara Federal, La Nación
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La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó ayer a la Cámara Federal que anule su procesamiento por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez. La ex mandataria está procesada por asociación ilícita en la contratación de la obra pública y la causa está en manos del juez federal Julián Ercolini.

El encargado de hacer la presentación oficial del documento frente a los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia fue el abogado de Cristina, Carlos Beraldi. En el texto, difundido por Facebook por la ex presidenta, el letrado solicitó que se dejen sin efecto el procesamiento y el embargo millonario dictados contra su defendida. Además, denunció que Cristina Kirchner sufre una "persecución política".

"(Cristina) ha sido ya procesada en tres oportunidades, sin que existan los más mínimos elementos fácticos o jurídicos que justifiquen tales pronunciamientos", señaló Beraldi.

El abogado sostuvo, además, que esta causa por el supuesto desvío de obra pública está vinculada con una anterior, de 2008, abierta a partir de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió en la que no existían elementos incriminatorios contra la ex presidenta.

"Durante ocho años investigaron la misma supuesta asociación ilícita en el marco de un expediente «madre» en el cual jamás encontraron elemento incriminatorio alguno para ordenar autos de procesamiento o tan siquiera alguna medida cautelar dirigida a hacer cesar o detener tan «evidente» maniobra", se lee en el texto presentado ante la Justicia.

Más adelante en el documento, Beraldi afirma que cuando intervinieron los nuevos fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita se "torció el rumbo" en pos de incriminar a la ex mandataria por un pedido del macrismo.

"En apenas cuatro meses los fiscales y el juez «investigaron» todas las leyes de presupuesto sancionadas y promulgadas durante doce años" y todas las disposiciones de los distintos órganos de gobierno, ironizó Beraldi. El letrado se refirió así a que, a comienzos de 2016, tras el cambio de gobierno, Javier Alfredo Iguacel fue nombrado titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) e impulsó la elaboración de un informe que generó una denuncia y desembocó en el procesamiento de Cristina.

Por último, sobre el embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de la ex presidenta, su abogado sostuvo que "carece de proporción con su patrimonio" y que "tampoco guarda relación con el supuesto perjuicio irrogado al Estado, el cual ni siquiera fue calculado".

Luego de esta presentación, el juez deberá decidir si anula el procesamiento o da luz verde para que la causa siga su curso.

http://www.lanacion.com.ar/2013041-cristina-pidio-que-le-anulen-el-embargo-y-el-procesamiento-por-la-obra-publica
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 20, 2017 8:15 pm

study
«Ruta del dinero K: Suiza apura al juez Sebastián Casanello y a Lázaro Báez»
Tramas de corrupción
Consideran que hay nuevas pruebas sobre la fortuna del empresario kirchnerista. Nicolás Wiñazki, Clarín
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Lázaro Báez. Foto DyN

Un mandato presidencial completo. Cuatro años exactos.

Ese tiempo pasó desde que se difundieron las primeras noticias sobre el caso de la llamada "Ruta del dinero K” hasta que el juez de la causa aceptó en un escrito, de forma explícita, que buena parte de esos millones de presunta corrupción se giró de cuentas de bancos suizos a nombre de empresas offshore creadas por argentinos vinculados al poder kirchnerista. Y ahí duerme aún.

En la noche del domingo 14 de abril de 2013 Jorge Lanata difundió en su programa "Periodismo para todos", de Canal 13, las primeras noticias de lo que terminó siendo el caso de lavado de dinero más trascendente y popular de la democracia que retornó en 1983.

Mirá también  - Procesaron por falso testimonio a quienes acusaron a Casanello de estar en Olivos

El periodista dijo la palabra “Suiza” como parte de la escala internacional de los millones K. También la dijeron dos autoinvolucrados en esta historia, que es una trama extraordinaria que mezcla a dos expresidentes y su socio, un millonario súbito, y al jet set con maniobras de blanqueo de divisas de origen ilegal, fondos públicos.

Clarín publicó una primera nota sobre el tema al día siguiente de la emisión de PPT, el lunes 15 de abril del 2013. El primer párrafo del artículo decía así: “La ruta del dinero empezaba donde empezaron tantas cosas, en Río Gallegos; hacía una escala operativa en Buenos Aires y seguía su rumbo intercontinental hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales, como Belice”.

Mirá también  - Suiza busca que se flexibilicen normas para que vuelva la banca de ese país

El 17 de abril de este año, cuatro años después de que la causa judicial se empezara a investigar en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, el magistrado Sebastián Casanello emitió un escrito en el que asegura que en el expediente se concretó la “incorporación de una nueva prueba fundamental”. Y contesta cuál es "la respuesta parcial de las autoridades de la Confederación Suiza al pedido de cooperación librado en el marco de esta investigación”.

Casanello narra que “se recibió la nota N° 2.979/2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, mediante la cual se remitieron dos comunicaciones enviadas por dicho Estado (Suiza) junto a un sobre con un pen drive”.

¿Qué hay en ese dispositivo con documentos?

Casanello escribió que “este soporte de almacenamiento, a su vez, contiene información encriptada vinculada a las cuentas no 608741 y 608742 del Banco J. Safra, correspondientes a Marketing & Logistic Management SA y SGI Argentina SA (Panamá), respectivamente, y no 1.1.57995 (01.333.0001 en dólares y 01.978.0001 en euros) del Banco PKB Privatbank SA, también perteneciente a la última sociedad nombrada”.

¿Qué significan esos nombres de sociedades que nada dicen para la opinión pública?

Contesta el juez: “Sin perjuicio de que dicha información debe ser traducida al español, un examen preliminar -que no se agota aquí- permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos” (en la causa de la "Ruta del dinero K").

El magistrado considera que “este segmento es crucial pues contribuye a completar” un “hueco causal”.

Dos fiscales ya habían actuado con celeridad y encontraron, años atrás, los caminos de la “Ruta del dinero K” que iban y venían de Suiza.

El primero de ellos fue José María Campagnoli quien, junto a su equipo liderado por Ignacio Rodríguez Varela, lograron en pocos días hábiles reconstruir con pruebas documentales parte de la “vuelta” al país del dinero que supuestamente fugó la familia Báez a Suiza vía la financiera SGI, llamada “La Rosadita”.

Campagnoli intentó ser apartado de la investigación por un jury que pasará a la historia de la Procuración General de la Nación por insólito y fallido, impulsada por su actual titular, Alejandra Gils Carbó, que nunca pudo explicar por qué quiso sacar de una pesquisa a quien investigaba y protegió a sus funcionarios que protegieron, a su vez, a la familia Báez.

Uno de ellos, el ex fiscal antilavado Carlos Gonella, está procesado con confirmación de Cámara por realizar una maniobra tan evidente en defensa de quienes debía sospechar antes de considerarlos inocentes.

El actual fiscal de la causa de la "Ruta del dinero K”, Guillermo Marijuan, emitió en 2015 un dictamen contundente en el que le marcaba a Casanello varios puntos que ahora son confirmados por la Justicia de otros países.

En ese escrito, de 232 páginas, Marijuan aporta indicios y pruebas oficiales de todo tipo sobre las maniobras financieras de los Báez.

Son decenas y decenas para enumerarlos en detalle.

Por ejemplo, se explaya sobre cuándo se hace y se responde esta pregunta: “¿Tomó Lázaro Báez el control de S.G.I. Argentina SA? ¿Se registra por Lázaro Báez algún movimiento de fondos desde el exterior tal como si esa operatoria le resultara usual o conocida? Y, finalmente, ¿hay dinero en Suiza de Lázaro Báez?".

Dice: "Desde el punto de vista de esta Fiscalía Federal, cada uno de estos interrogantes puede responderse afirmativamente y, por ello, corresponde avanzar procesalmente en las declaraciones indagatorias solicitadas por esta representación del Ministerio Público Fiscal”.

Marijuan logró que uno de los principales imputados en el caso, Leonardo Fariña, confeso asesor contable de Báez, declare como “colaborador” de la Justicia.

Su testimonio aportó nuevas pruebas, dirigió de nuevo la investigación hacia Suiza y Uruguay, y amplió lo que se conocía hasta ahora de esta trama.

Fariña aceptó ser condenado por confesar que fue parte o cómplice de delitos financieros. Pero esa pena se reducirá si se confirman sus dichos jurídicamente. Hasta ahora se confirmaron.

Tras la declaración de Fariña, la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó imputada en una causa que hasta ese momento, el año pasado, no la rozaba en los papeles. Su futuro procesal parece cada vez más complicado.

¿Qué contiene la información que llegó de Suiza?

Fuentes de la causa le aseguraron a Clarín que los datos son considerados por el juez Casanello y por el fiscal Marijuan como nuevas pruebas que ratifican que parte de la fortuna que lograron crear los Báez en la era K fue depositada en cuentas de bancos de ese país.

Es por eso que Casanello pidió volver a llamar a indagatoria a quienes ya había hecho pasar por esa etapa procesal.

Cristina Fernández no fue incluida en la lista.

Lázaro Báez y sus hijos, sí.

El diario "La Nación" informó ayer que Báez, tras estar un año y pocas semanas de prisión preventiva la cárcel de Ezeiza, estaría dispuesto a ser un “imputado colaborador” en este caso de lavado.

La semana pasada sufrió una recaída en su salud que terminó con una internación “extramuros” de Ezeiza: su aparato circulatorio fue chequeado en una clínica privada de excelencia, “Los Arcos”. En una de las habitaciones se reunió largo con su exesposa, Norma Calismonte: la madre de sus hijos, ahora llamados a indagatoria por Casanello-Marijuan, con información de Suiza.

Fuentes de la causa le aseguraron a Clarín que parte de la información de los documentos judiciales que llegaron desde el país que alguna vez fue Helvecia podría involucrar no sólo a sus hijos, sino también a un exfuncionario nacional de Néstor y Cristina Kirchner.

La llamada “Ruta del dinero K” es una especie de autopista laberíntica. Pero tal vez sus conocedores, cuatro años después, estén realmente dispuestos a guiar a la Justicia hacia una etapa de impacto. Incluso más del que este expediente ya provocó en la política nacional.


https://www.clarin.com/politica/ruta-dinero-suiza-apura-sebastian-casanello-lazaro-baez_0_B1Lpy480l.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Abr 21, 2017 6:07 pm

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«Procesaron a testigos que dijeron haber visto a Casanello con Cristina»
Un caso paralelo a la ruta del dinero K
Se trata de un ex chofer presidencial y un militante de La Cámpora que declararon ante la Justicia haber visto al juez en la residencia de Olivos. Clarín
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El juez Sebastian Casanello ingresa a Tribunales de Comodoro Py. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ

Un ex chofer de Presidencia de la Nación y un militante de La Cámpora fueron procesados por el delito de "falso testimonio" por haber declarado que vieron al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos, en la antesala de una reunión con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal Luis Rodríguez procesó sin prisión preventiva a Gabriel Corizzo y a Carlos Scozzino, y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 150 mil pesos.

Ambos imputados declararon en el marco de la causa por la que está preso el empresario kirchnerista Lázaro Báez que entre setiembre y octubre de 2015 vieron a Casanello en Olivos.

El propio juez se autodenunció y negó esa situación, que estuvo a punto de derivar en que fuera apartado de la investigación que tiene procesado a Báez por lavado de activos.

"Los falsos testimonios de Corizzo y de Scozzino, de prosperar sus versiones, habrían provocado que la continuación del señor Juez al frente de la pesquisa en aquella causa debiera reverse", explicó Rodríguez.

En ese contexto, resaltó que "los falsos dichos pronunciados con temeridad sin reparo alguno en cuanto a su tenor por parte de los imputados, repercutirían directamente en una cuestión de extrema delicadeza tal es la Garantía del Juez Natural al frente de una causa".

El delito de falso testimonio contempla una escala penal que llega hasta los diez años de cárcel cuando es pronunciado en perjuicio de una parte en una causa penal.

Para el juez, Corizzo y Scozzino "sistemáticamente mintieron, lo que ha quedado evidenciado en el contraste existente entre lo

efectivamente -hasta aquí- probado y el contenido de las declaraciones juramentadas brindadas".

"Han sido mendaces en lo relatado", subrayó el fallo, de 32 páginas.

https://www.clarin.com/politica/procesaron-testigos-dijeron-visto-casanello-cristina_0_ByUlNYI0l.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Abr 21, 2017 6:07 pm

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«Efedrina: Pérez Corradi y Granero, cerca del juicio oral»
El escándalo que salpicó al gobierno de Cristina Kirchner
El fiscal solicitó a la jueza Servini que la causa vaya a los tribunales orales y que se le aplique a los acusados una pena entre 4 y 15 años. Daniel Santoro, Clarín
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Pérez Corradi al ser detenido en Asunción, Paraguay, el año pasado.

fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió a la jueza federal María Servini que el ex titular de la SEDRONAR durante el kirchnerismo José Ramón Granero sea sometido a juicio oral y público por el tráfico de efedrina a México.

El dictamen del funcionario del Ministerio Público incluyó al financista Ibar Pérez Corradi, que estuvo cuatro años prófugo de la Justicia, capturado el año pasado en la localidad de Foz de Iguazú, Brasil, y fue extraditado a Argentina acusado de ser autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, aunque la jueza luego le dio la falta de mérito.

El ex jefe de la AFI Oscar Parrilli está siendo investigando por haber encubierto a Pérez Corradi durante su fuga, en una causa paralela que tiene el juez federal Ariel Lijo.

En el requerimiento elevado a la jueza federal María Servini de Cubría, el fiscal también acusó al ex número dos de la SEDRONAR Gabriel Yusef Abboud y a los ex funcionarios K Máximo Rito Zacarías y Angel Zacarías. También, incluyó al ex titular del registro de precursores químicos Julio Alberto De Orue. Sin embargo, la jueza aún no terminó la investigación sobre el apoyo que sectores de la SIDE, la Policía Federal y la Aduana le dieron a semejante operativo de importación de efedrina para su exportación a México, donde la convertían en metanfetaminas con destino a EE.UU.

"Se ha comprobado que Pérez Corradi comercializó una gran cantidad de kilos de efedrina valiéndose de la firma Masterfarm", consignó Zoni y sostuvo que aquel era "el verdadero dueño de la compañía" que estaba a nombre del indigente Jorge Ochoa.

Remarcó que el delito tipificado es reprimido por el Código Penal con "reclusión o prisión de cuatro a quince años, a quien sin autorización o con destino ilegítimo comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya o de en pago, o almacene o transporte"

También subrayó el fiscal que "ya ha quedado totalmente zanjado el carácter de materia prima de la efedrina para producir estupefacientes".

Según la investigación, entre 2004 y 2008 casi 50 toneladas de efedrina ingresaron al país cuando la SEDRONAR estaba a cargo de Granero, quien mantuvo una dura pelea con el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández por el control del registro de precursores químicos, entre ellos la efedrina.

El gobierno de Mauricio Macri quitó el año pasado a la SEDRONAR el control de la efedrina y otros precursores químicos y lo pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

https://www.clarin.com/politica/efedrina-perez-corradi-granero-cerca-juicio-oral_0_HJgReF8Rx.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Abr 21, 2017 6:08 pm

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«Confirman el juicio oral por la mafia del oro»
Maniobras para defraudar al Estado en 20 millones de dólares
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó una recusación de un ex funcionario menemista contra los jueces de un tribunal oral. Clarín
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Los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se retiran de los Tribunales Federales Retiro

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal a cargo de la llamada causa de la mafia del oro en la cual se esta llevando a cabo el juicio oral y público.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo firmado por los doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky yJuan Carlos Gemignani, rechazó las quejas presentadas por la defensa del ex secretario de la cancillería menemista Guillermo Jorge Campbell contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta ciudad respectivamente, que rechazaron el pedido de recusación planteado por esa parte.

En el juicio se investiga el presunto uso de una compleja estructura empresarial para defraudar al Estado Nacional mediante la simulación de cadenas de operaciones comerciales con oro entre empresas que permitía el reintegro de impuestos que nunca habían ingresado al erario público.

Por dicha vía, la organización delictiva, que además contaban con la presunta participación de funcionarios públicos, habría realizado 19 hechos de defraudación contra la Administración Pública por una suma millonaria cercana a los 20 millones de pesos.


https://www.clarin.com/politica/confirman-juicio-oral-mafia-oro_0_Sk9qDpLAe.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Abr 21, 2017 6:09 pm

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«Báez negocia el arresto domiciliario a cambio de aportar información»
Es la primera vez que lo hace; las conversaciones anteriores sobre una posible colaboración habían sido con los hijos y siempre fracasaron; busca regresar a Río Gallegos. Hernán Cappiello, LA NACION
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Báez, durante uno de los traslados para declarar en los Tribunales. Foto: Archivo

Báez está preso en el penal de Ezeiza y hace una semana fue trasladado de urgencia a la clínica Los Arcos, de Palermo, debido a una arritmia severa. Los médicos que lo observaron lo compensaron y pasó 24 horas internado. Luego regresó al penal, donde está al cuidado de los médicos del hospital penitenciario de Ezeiza.

Báez intentó obtener el arresto domiciliario sobre la base de su estado de salud, ya que además de arritmia tiene hipertensión y diabetes. Su abogado, Maximiliano Rusconi, hizo el pedido, pero el juez federal Sebastián Casanello, que lo mantiene preso, negó ese beneficio luego de los informes de los médicos. La Cámara Federal confirmó esa decisión de Casanello.

Ahora, Báez volvió a intentar otro camino para continuar en prisión preventiva, pero en su domicilio de Río Gallegos. "Está tratando de llegar a altas autoridades del Poder Ejecutivo y al fiscal para cerrar un acuerdo", dijo la fuente consultada por LA NACION.

Más notas para entender este tema

-Los dólares pasaron por cuentas suizas

El primer paso sería un traslado a Río Gallegos debido al grave estado de salud de su madre. Ya se está acondicionando una celda en la Unidad 15 de Río Gallegos en caso de que sea necesario llevar al detenido. La información que está ofreciendo Báez por ahora no conforma, dijeron las fuentes.

Pero ninguna de estas conversaciones está judicializada y transcurren en el submundo del caso.

La primera oportunidad que tendría Báez para dar datos es su próxima ampliación de indagatoria prevista para el 6 de junio, aunque a fin de este mes y hasta el 4 de mayo declararán sus hijos. Primero lo harán Leandro, Luciana y Melina. Los menores son los que tienen una relación más tensa con su padre y ya intentaron sin éxito una negociación con Marijuan y con autoridades del Gobierno. Al día siguiente, el 4 de mayo, declarará Martín Báez, el hijo mayor. Y su padre será el último de la lista de indagados por Casanello.

Los procedimientos establecidos para que un detenido pueda aportar información y obtener algún beneficio señalan que el acuerdo tiene que ser con la fiscalía, en este caso Guillermo Marijuan.

La norma se aplica a los "arrepentidos" que aporten datos que permitan esclarecer la maniobra o apuntar a otros implicados que estén por encima suyo en la organización. En general, el que se beneficia es "el que primero se arrepiente". En esta causa, quien ya declaró buscando obtener estos beneficios es Leonardo Fariña. El ex marido de Karina Jelinek mencionó a la ex presidenta Cristina Kirchner en esta causa. De hecho, tras su indagatoria, Fariña -que estaba detenido por evasión fiscal- obtuvo la libertad y se convirtió en un imputado protegido por funcionarios de fuerzas de seguridad. Báez aspira a un beneficio similar.

Tras la declaración de Fariña, el fiscal Marijuan amplió la acusación e imputó a Cristina Kirchner en esta causa.

Ya hubo intentos del entorno de Báez de que aporte datos y mejore su situación. Hubo un día, a fines del año pasado, en el que Lázaro Báez analizó convertirse en arrepentido. Sus hijos menores se reunieron en Tribunales con el fiscal Marijuan y un funcionario del Ministerio de Justicia. Se informaron sobre los términos de lo que señala la ley y se mostraron preocupados por su futuro judicial y el de su padre. La cuestión avanzó al punto de que se había designado a un abogado santacruceño para que intervenga en la causa.

La estrategia incluía aportar información que iba a terminar por complicar a Cristina Kirchner, pero al mismo tiempo desligar a sus hijos y eventualmente al padre de las causas judiciales que enfrentan por sus negocios con el kirchnerismo. Pero eso no ocurrió. El día de la reunión, Báez recusó a Marijuan y se rompió el principio de acuerdo.

Ahora, Báez ya pasó más de un año preso, su salud está comprometida y la causa se encamina a complicar aún más a sus hijos, que están en libertad.

La justicia suiza aportó datos sobre tres cuentas que no son manejadas por los hijos de Báez, sino por otros imputados en la causa, pero el juez Casanello espera más datos de Suiza sobre otra decena de cuentas donde los beneficiarios finales son los hijos del empresario santacruceño.

Ése es el dilema en el que se debate Báez: buscar evitar el procesamiento de sus hijos y, al mismo tiempo, garantizar su seguridad.


http://www.lanacion.com.ar/2013666-baez-negocia-el-arresto-domiciliario-a-cambio-de-aportar-informacion
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Abr 21, 2017 6:46 pm

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«Lázaro Báez tuvo quién lo defienda: los insólitos voceros del kirchnerismo en los medios»
La Ruta del Dinero K
El socio de CFK no fue defendido ni por ella misma. Sus voceros fueron los "comunicadores",  Tognetti, Barragán, Mengolini, o Cabito. ¿Cuánto dinero estatal se pagó para esa defensa mediática de un hombre que lleva más de un año preso?. Nicolás Wiñazki, Clarín
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Lázaro Báez. Foto: Pedro Lázaro Fernández

Lázaro Báez está preso. Fue el principal socio de dos ex presidentes de la República, los Kirchner. Cristina Fernández, la última de los Jefes de Estado que lo benefició con contratos de obra pública, de petróleo, a quien Báez le “devolvió” parte de ese dinero que fue estatal pagándole alquileres de propiedades privadas, de sus hoteles, entre otros negocios, jamás defendió de forma enfática al hoy reo que abandonó públicamente desde que éste cayó en la desgracia de vivir encerrado. La Justicia acumula como nunca antes pruebas documentales, avaladas por peritos, organismos públicos y por jueces y fiscales de otros países, como Suiza y Uruguay, sobre cómo el socio K hoy detenido fugó divisas de la Argentina por fuera del sistema legal. Otras pruebas, algunas entrecruzadas con Báez, se acumulan también en los tribunales federales, pero en expedientes que investigan en los que ya está procesada Cristina.

Mirá también - Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millones

Millones de dólares terminaron en Suiza, confirmó la Justicia de ese país, vinculando a los Báez con dinero que pasó por cuentas de bancos con sucursales en ese país. Las pruebas están judicializadas.

Cuatro años atrás, el Gobierno K también evitó que sus principales figuras defendieran en los medios a “Lázaro”.

La causa judicial por la que el ex constructor y millonario súbito fue procesado con prisión preventiva por lavado de dinero es conocida como “La Ruta del Dinero K”.

Hace cuatro años el aparato de propaganda estatal K, y también medios “paraestatales”, fueron parte de la estrategia defensiva de los K para intentar descalificar las investigaciones sobre Báez.

Programas de televisión y radio, financiados de modo total o casi con dinero público buscaron convencer a sus audiencias que las causas judiciales sobre Báez-Kirchner eran un invento total de chantas del periodismo “carroñero” y de ejecutores de un “servilismo” antidemocrático.
Fueron, en rigor, pequeños sucesos de prensa analizados desde el futuro y más allá, pero también son la muestra de cómo la política y los negocios son capaces de asaltar a un Estado pobre con tal de mantener sus intereses privados de sus ocupantes de turno.

Quienes hablaban en esos programas, olvidados u olvidables, eran ventrílocuos de Poderosos a los que jamás les vieron las caras. Multimillonarios hoy presos en causas repletas de pruebas.

Ninguno de esos defensores dice nada ya a favor de ellos.

¿Por qué el Gobierno de la socio de Báez, Cristina, le “entregó” la táctica de defensa de un tema tan crucial a protagonistas de programas de tele o radio o blogueros que intentaron descalificar al periodismo que investigaba Báez con un probeza argumentativa que, leída hoy, es notable por lo pobre y rústica.

Una variable más profunda para intentar profundizar sobre este sistema podría ser que conozcan, mediantes investigaciones judiciales, quiénes fueron los responsables desde el Estado de derrochar fondos multimillonarios para sostener a estos “abogados de prensa”, en realidad, diminutos comunicadores de la nada.

El hoy preso Báez fue defendido por emisiones televisivas que ya no están al aire, no por censura de los canales que las emitían,si no porque no tenían audiencias y menos auspiciantes que no sean el Estado.

Ejemplos. Había una vez un programa llamado “Duro de Domar”, que en el 2013 era conducido Daniel Tognetti, aficionado y oficioso vocero informal del entonces partido de Gobierno, el Frente para la Victoria, que defendió a Báez riéndose de las pruebas que difundían sus ex colegas del periodismo. Por ejemplo, un certificado de una las empresas de los Báez, llamada Teegan Inc, comprobada por la Justicia de haber sido parte de esta trama de presunta corrupción, era minimizado por este ex joven cronista de CQC como un papel que el programa PPT, de Jorge Lanata, había “bajado” de internet para inventar una de las pruebas contra los Báez.
Tognetti pedía, arengado por por el público que había en su estudio de tevé, un “poco de sentido común”: “Si tuviéramos esa guita de la que se habla, 55 o 60 millones de euros, ¿se la daríamos a manejar a una persona como Fariña?”.

Báez, socio de la Presidenta en ejercico en ese año, el 2013, le hubiera respondido: sí.

La Justicia comprobó el lazo financiero entre ellos.

Fariña estuvo dos años preso y hoy colabora con la Justicia sabiendo que será condenado por sus dichos, pero esperando que de confirmarse lo que dice esa pena sea reducida.

No se conocen nuevos conceptos de Tognetti sobre estos temas que antes tanto lo hacían reír.

Otra de las panelistas de ese programa, Julia Mengolini, podía cerrar un “debate” sobre la causa de lavado de dinero más trascendente de la democracia así: “Está floja de papeles”.

¿Pruebas?

No hacían falta.

Otras de las voces de “Duro de Domar”, el autodefinido humorista que usa de nombre su apodo, “Cabito”, defendía al multimillonario Báez sin haber leído jamás una página del expediente judicial: “Me cuesta creer. Esos datos…”.

Creer es la acción en la que no se refugia un periodista profesional: difunde noticias, hechos chequeados.

La investigación de “La Ruta del Dinero” se inició un domingo de abril del 2013 en PPT, el programa de Jorge Lanata en canal 13, continuó en Clarín y Radio Mitre, y luego se transformó en una investigación colectiva alimentada por otros medios audivisuales y escritos, como Perfil, Noticias, La Nación, o el canal América a través de Luis Majul, además de TN que cubrió el caso en todos sus noticieros y programas, solo por mencionar algunas emisiones y colegas que también le dieron espacios y columnas y notas al caso.

Los “defensores” de Báez, más que funcionarios, fueron esos “comunicadores K” en programas con poco rating pero que luego eran replicados en otros canales o difundidos por Facebook o Twitter, como consumo irónico, o no.

Otro de los panelista de Duro de Domar, llamado Matías Castañeda, se quejó de que la mayoría del “periodismo” había creído los dichos del hoy denunciante de la trama, Leonardo Fariña, en un principio grabado en dos cámaras ocultas por el equipo PPT: “Argentino lo dio por válido. Ahí desnuda y deja en off side en todo el mundo. Nadie chequea nada. Es interesante de esto”.

¿Él había chequeado algo?

Nada. Off side.

El programa más radicalizado de la tevé K, 678, emitido por la televisión pública, se cansó de buscar desdibujar la investigación de “La Ruta del Dinero K”.

El ex guionista de Radio Mitre y luego participante de ese show militante, Carlos Barragán, mostró alguna vez una copia falsa del documento original de una de las off shore de los Báez. En lugar de llamarse Teegan Inc, como la que se demostró que existía, él buscó hacer reír a quienes lo veían contando que su sociedad anónima se llamaba Barragán, como él.

Otra de las columnistas de 678, la señora Nora Veiras, redactora del diario del secretario general del gremio de los encargados de edificio, Página/12, conceptualizó sobre “La Ruta del Dinero K” diciendo en abril del 2013 que lo dicho por los periodistas que investigaban el caso no tenía fundamento, pero que lo más grave aun era que fuera “repetido por senadores...”, todo enunciado con tono descalificatorio.

Muchos de esos legisladores no repetían información, si no que habían denunciado a Báez en el 2008, como Elisa Carrió, o lo harían después, como Margarita Stolbizer, su abogada Silvina Martínez, u otra incansable y efectiva aportante de pruebas a la Justicia, Graciela Ocaña. Lo mismo el radical Manuel Garrido. O la santacruceña Mariana Zuvic.

Para los comunicadores del oficialismo K, esos opositores no merecían el menor respeto.

Otro “vocero” pro Báez fue el periodista de espectáculos Camilo García, quien en una emisión de “Duro de Domar”, explicó su posición, así, palabras casi exactas: “Me parece que hay que ensayar una división de lo que teóricamente están haciendo que represente que por ahí operan detrás del Gobierno, del Estado, del poder oculto del kirchnerismo, y por otro lado las fuerzas que están encolumnadas en esta investigación. Si podemos separar eso, Fariña me parece un tipo sumamente desinteligente”.

La palabra “desinteligente” fue dicha por García de modo textual.

Hubo hasta periodistas que conocen los tribunales, como Darío Villaruel, que sentenció ideas de modo más terminante sobre el caso por el que están preso Lázaro Báez, el ex director de una sociedad de Electroingeniería y de Báez, Jorge Chueco; el ex titular de la financiera SGI y ex contador de los hoteles de los Kirchner, Daniel Pérez Gadín; un expediente en el que está imputada la propia Cristina Fernández, y que roza a otro prisionero célebre, el ex secretario de Obras Públicas José López: “Jurídicamete no hay nada”.

Errare humanum est.
Errar demasiado también es humano.

El juez federal que le dictó la prisión preventina a Baéz es Sebastián Casanello. El fiscal, quien más impulsó el caso, es Guillermo Marijuán. La ex presidenta Cristina Fernández no defiende a Báez preso, como ya se dijo. Su Gobierno lo hizo a medias, cuando empezaron a acosarlos los infortunios judiciales. Pusieron más energía en hacerlo los comunicadores K que hoy denuncian censura en medios públicos a los que les iniciaron, en algunos casos, juicios laborales millonarios.

Todas sus palabras sobre este caso, eran huecas. Hablar sobre la nada es algo que queda registrado para volver a ver en el futuro.

El Estado K gastó millones de pesos en esas operaciones propagandísticas realizadas por los productores de esos programas .

¿Hay algún responsable penal por el reparto de la pauta oficial que terminaron por dilapidar empresarios que cerraron medios apenas terminó la gestión K?

La pregunta es la siguiente: ¿Y por qué?

https://youtu.be/zdnS94T9oYM
https://youtu.be/FO7p3lcE4g4
https://www.clarin.com/politica/lazaro-baez-defienda-insolitos-voceros-kirchnerismo-medios_0_SktyKl_0l.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 22, 2017 6:19 am

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«Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millones»
la Ruta del dinero K
El juez Casanello cree que ese es el monto de las operaciones ilegales. Por ley, el castigo puede multiplicarlo por diez.. Lucía Salinas, Clarín
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Lázaro Báez afrontaría una multa millonaria por lavado de dinero. Foto DyN.

En una semana la familia Báez comenzará a ser indagada por los movimientos de dinero por sumas millonarias, en el exterior. La cifra aproximada que analiza la Justicia por la que deberá responder el empresario kirchnerista preso hace un año, ronda los 60 millones de dólares. Esto significa que la multa por lavado de dinero por la que debería responder Lázaro Báez- en caso de comprobarse las maniobras investigadas por el juez Sebastián Casanello-, podría ser de 600 millones de dólares. El valor lo determina la ley que a su vez sostiene que la cifra -10 veces el monto del dinero lavado-, no es negociable bajo ningún aspecto. Así, todo su patrimonio quedaría comprometido.

La Ruta del Dinero K se compone de diversas maniobras y circuitos utilizados para el lavado de activos. La primera operación que le significó un procesamiento por este delito al dueño del Grupo Austral, implicó una suma de 33 millones de dólares. Para esto se utilizó a Helvetic Services Group - empresa controlante de la financiera SGI conocida como "La Rosadita"-, que reingresó al país desde Suiza, a través de bonos de la deuda argentina. El dinero se depositó en las cuentas de Austral Construcciones, firma insignia de Báez quien reconoció la recepción del dinero, pero buscó justificarlos como "una operación lícita".
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Lázaro Báez deberá declarar nuevamente el 6 de junio en la ruta del dinero K. Foto Marcelo Carroll.

No es la única operación bajo sospecha. Recientemente la Confederación Helvética confirmó al juzgado de Casanello, 139 operaciones por un total aproximado de 20 millones de dólares, vinculadas al entorno del empresario K. Las transacciones se hicieron con las empresas SGI y Marketing and Logistic Managment SA. Los responsables de las cuentas corrientes bancarias, tal como informó Clarín, fueron Fabián Rossi, con firma autorizante y los directores de la financiera, Eduardo Castro y Gustavo Fernández. Operaron con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, y el movimiento de dinero está asociadas “a las cuentas de la familia Báez” en dicho país. Esto condujo al magistrado a citar a ampliación indagatoria a los cuatro hijos del dueño del Grupo Austral.

La Justicia está determinando, y a la espera de más documentación proveniente de Suiza si parte del dinero de estas últimas operaciones se cruzan con los 33 millones de dólares iniciales, pero las fechas de las operaciones no se superponen.
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Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez los cuatro hijos del empresario K volverán a declarar ante Casanello. Foto Clarín.

En paralelo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó que hubo 25 transacciones por un total 9.314.874 de dólares, de distintas cuentas bancarias tanto de Estados Unidos como de Liechtenstein y Suiza vinculadas a Helvetic -una vez más-, entre septiembre de 2008 y junio de 2014 (este último año está fuera de lo investigado en la causa que abarca hasta 2013). A estas cifras se suman pagos de comisiones por 900.000 euros que recibió el responsable de Helvetic -Néstor Ramos.

La suma que estudia la Justicia en la actualidad, es estimativa y contempla también movimientos de dinero en España y en Estados Unidos, países a los que el juez ya libró exhortos para conocer el detalle bancario. El número general por el que deberá responder Lázaro Báez ahora rondaría los 60 millones de dólares, según pudo saber Clarín. Lo más cercano a los 55 millones de dólares que Leonardo Fariña dijo en su momento, que había movido por orden del empresario K.
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Lázaro Báez años atrás, junto a dos de sus hijos en el Mausoleo, todos serán indagados nuevamente. Foto Marcelo Carroll.

De comprobarse todas y cada una de estas maniobras, el socio comercial de Cristina Kirchner podría afrontar una multa que por ley, es de dos a diez veces el valor de dinero que se blanqueó. La Justicia iría por el máximo: es decir 600 millones de dólares, lo que comprometería todo su patrimonio y más.

Báez ya tiene un embargo trabado de $ 800 millones en la Ruta del Dinero K. Su patrimonio que entre 2005 y 2016 se incrementó un 12.127 %. El Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), en un trabajo emprendido por el fiscal Guillermo Marijuan, determinó que sólo en propiedades tiene 200 millones de dólares. No descartan que la suma se incremente porque no se estipuló aún, el valor de todas las empresas que tiene el dueño de Austral Construcciones.


https://www.clarin.com/politica/lavar-60-millones-lazaro-baez-podria-pagar-multa-600-millones_0_HkCadoIAe.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 22, 2017 6:19 am

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«Allanaron Arfinsa, la firma que le vendió a Alejandra Gils Carbó el edificio de la polémica»
Sospechas de corrupción
El operativo lo dispuso el fiscal Eduardo Taiano. Se llevaron documentación y computadoras. Clarín
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Gils Carbo, investigada por la compra de un edificio para la Procuración.

La justicia federal allanó la empresa Arfinsa, integrante del grupo que le vendió a la Procuración General de la Nación el inmueble por el que es investigada la procuradora Alejandra Gils Carbó. Arfinsa es la empresa del grupo Bemberg que cobró los más de 43 millones de pesos de parte de la Procuración General de la Nación para la compra de un edificio para ese organismo

Mirá también - Alejandra Gils Carbó no piensa en renunciar y presenta un informe en el Congreso

Fuentes allegadas al expediente confirmaron que el operativo dispuesto por el fiscal Eduardo Taiano fue llevado adelante por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en un edificio ubicado en libertador al 400. Del lugar se llevaron todo tipo de documentación y computadoras.

Mirá también - Tras el pedido del Gobierno, el Congreso citará a Alejandra Gils Carbó

De acuerdo con la investigación, esa empresa contrató a su vez a Juan Carlos Thill, hermano del contador Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.

Por otra parte, el fiscal ordenó a la división Cibercrimen de la Policía de la Ciudad realizar un peritaje sobre las computadoras y soportes informáticos secuestrados en allanamientos realizados la semana pasada.

La pericia se iniciará la semana próxima según dispuso el fiscal que tiene delegada la investigación por decisión del juez federal Julián Ercolini.

En la causa se investiga la compra de un edificio en Perón 667 para la Procuración por un total de 43.850.000 pesos en la que se habrían pagado comisiones irregulares por 7,7 millones de pesos.

La compra del edificio por parte de la Procuración se produjo en 2013 y por esa operación, Juan Carlos Thill, hermano del suspendido funcionario de la procuración Guillermo Bellingi, cobró tres millones de pesos.

Thill le facturó esa comisión a la inmobiliaria Jaureguiberry que fue la que intermedió en la venta del edificio y que le cobró a Arfinsa SA, integrante del Grupo Bemberg, casi 8 millones de pesos.

Hasta su suspensión, Bellingi se desempeñaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo (PROCELAC); tras haber sido subdirector general de la Procuración General de la Nación.

https://www.clarin.com/politica/allanaron-arfinsa-firma-vendio-alejandra-gils-carbo-edificio-polemica_0_Hy2btiIRl.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 22, 2017 6:20 am

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«Bonadio decidirá la próxima semana si autoriza a Cristina a viajar a Europa en mayo»
La ex presidente ya obtuvo el aval del juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo el expediente por el que está procesada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, Clarín
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Cristina deberá esperar hasta la semana próxima para saber si puede viajar a Europa. Foto: Archivo

El juez federal Claudio Bonadio decidirá la semana próxima si autoriza a la ex presidenta Cristina Kirchner a realizar un viaje a Europa el mes venidero, para el que ya sí obtuvo el aval del juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo el expediente por el que está procesada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez .

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes consignaron que, en un dictamen que remitió hoy a Bonadio, el fiscal Carlos Rívolo -quien interviene en el expediente conocido con el nombre de Los Sauces- no mostró oposición al requerimiento de la ex mandataria.

En este marco, fuentes judiciales consignaron a Télam que Bonadio definirá "la semana próxima" si autoriza el viaje, aval que le resta a Cristina Kirchner para poder cumplir con su pretensión de trasladarse a Europa para allí mantener reuniones con dirigentes políticos y brindar charlas en Grecia, el Parlamento Europeo y en la Universidad de Oxford.

El juez Bonadio procesó a la ex mandataria el 4 de abril en la causa conocida como "Los Sauces" y le prohibió salir del país sin autorización judicial, tras considerarla como la jefa de una "banda" que cobraba coimas.

En ese expediente, Cristina Fernández de Kirchner fue procesada como "autora penalmente responsable" de los delitos de "asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad" y de "negociaciones incompatibles" con su función.

Se trata del tercer procesamiento en su contra, dado que se sumó al que pesa sobre ella en la causa por las operaciones de dólar a futuro del final de su mandato, y el dispuesto en el expediente que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del actualmente detenido empresario Lázaro Báez.

Dispuesta a emprender una gira política por Europa en mayo, la ex jefa de Estado presentó esta semana el pedido de autorización para salir del país a Bonadio y también al juez Julián Ercolini, a cargo del expediente por la obra pública.

Ambos jueces le corrieron vista a los fiscales que intervienen en cada caso para que dieran una opinión no vinculante: el fiscal Gerardo Pollicita dijo ayer al juez Ercolini que no había inconveniente, mientras Rívolo respondió hoy en la misma dirección.

El juez Ercolini autorizó ayer el viaje, en tanto ahora debe expedirse Bonadio.

La prohibición de salida del territorio nacional que pesa sobre la ex mandataria no sería absoluta, pero tiene la obligación de pedir permiso e informar fechas e itinerario antes de emprender un viaje, explicaron las fuentes.

La ex presidenta anunció el miércoles que viajará en mayo a Europa, donde mantendrá reuniones con dirigentes políticos y brindará charlas en Grecia, el Parlamento Europeo y en la Universidad de Oxford.

Voceros de prensa de la ex mandataria dijeron que fue invitada a Grecia por el Comité Central de Syriza y allí "mantendrá reuniones con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y con el presidente del Parlamento", Nikos Voutsis.

En tanto, en su pretendido viaje a Europa, la ex jefa del Estado tiene previsto hacer escala en Bruselas para "participar de encuentros con parlamentarios de izquierda y progresistas" e intervenir en "un debate sobre derechos sociales y humanos en la Argentina y la región, y del papel de la Unión Europea".

La gira europea de la ex presidenta finalizaría en Londres, donde está previsto que brinde una conferencia en la Universidad de Oxford, según consta en el itinerario difundido a los medios por voceros kirchneristas.

Agencia Télam
http://www.lanacion.com.ar/2014711-bonadio-decidira-la-proxima-semana-si-autoriza-a-cristina-a-viajar-a-europa-en-mayo
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 22, 2017 6:21 am

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«Revelan cómo Báez les giró a los Kirchner $ 27 millones por alquilar el Alto Calafate»
Un peritaje judicial clave confirmó los detalles del flujo de dinero desde las firmas del empresario; con el informe de los expertos se abre el camino a las indagatorias, entre ellas la de Cristina. Maia Jastreblansky, LA NACION
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Los peritos de la causa pudieron detallar cómo fue la operatoria por la cual Austral Construcciones SA y otras cinco firmas del empresario patagónico terminaron nutriendo las arcas de la familia Kirchner. Foto: Archivo


ue un flujo de dinero continuo que durante más de cuatro años circuló dentro del emporio de empresas de Lázaro Báez y desembocó en cuentas bancarias de los Kirchner. Los peritos de la causa Hotesur avanzaron con su investigación y pudieron detallar cómo fue la operatoria por la cual Austral Construcciones SA y otras cinco firmas del empresario patagónico terminaron nutriendo las arcas de la ex familia presidencial por al menos $ 27,5 millones entre 2009 y 2013.

Los 11 expertos confirmaron así la maniobra que fue revelada por LA NACIÓN hace cuatro años y que desnudó que Báez, a través del alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate, les garantizó una recaudación millonaria a los Kirchner.

Los peritos estudiaron el cúmulo de documentación contable y bancaria que tiene la causa, y que permanece en el edificio Libertad, de la Armada. Así reconstruyeron cómo Austral Construcciones y otras firmas le giraron al menos $ 68,2 millones hasta 2015 a otra sociedad de Báez, Valle Mitre SA, a través de distintos "convenios". Y cómo, a su vez, Valle Mitre SA pagó un promedio de $ 6 millones anuales a Hotesur SA por el alquiler del principal hotel de los Kirchner, Alto Calafate, entre 2009 y mayo de 2013.
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En su informe, los expertos respondieron a las decenas de preguntas que realizó el fiscal Gerardo Pollicita, que instruye la causa con el juez Julián Ercolini. Se trata de un paso clave en la causa, si bien todavía resta que los expertos terminen algunos puntos pendientes de la pesquisa. Cuando el trabajo esté culminado, el fiscal tendrá todos los elementos para evaluar un posible pedido de indagatoria en la que fue la primera causa por corrupción que investigó el vínculo de los Kirchner y Báez.

El alquiler
Uno de los puntos del peritaje revela los pagos que Valle Mitre SA (la empresa gerenciadora de Báez) les giró a los Kirchner en concepto de cánones locativos por el hotel Alto Calafate. En un "contrato de cesión de explotación comercial y activos de Hotesur" figuró una cláusula que estipuló un pago mensual de "US$ 40.000 de forma mensual del 1 al 10 de cada mes".

Los peritos, sin embargo, destacaron la "imposibilidad de verificar directamente los libros contables de Valle Mitre" para constatar su actividad comercial. Esos libros son un misterio y nunca fueron encontrados en los allanamientos. Los expertos evaluaron entonces las facturas que Hotesur le remitió a Valle Mitre, que siempre pagó con cheques del Banco Santa Cruz.

En 2009, los pagos de Báez a los Kirchner ascendieron a $ 6.829.640; en 2010, a $ 6.446.683; en 2011, a $ 5.924.236, y al año siguiente, a $ 5.924.160. En 2013 los registros llegan hasta mayo con pagos por $ 2.468.400. En total, más de $ 27,7 millones. El contrato se cortó abruptamente cuando el escándalo de Báez empezó a salir a la luz.

Un peritaje anterior que dio a conocer LA NACIÓN a principios de febrero reveló que el aporte de Báez significó más del 50% de la facturación del hotel de los Kirchner. También, que entre 2009 y 2014 Cristina Kirchner y sus dos hijos retiraron de Hotesur SA $ 46,1 millones en concepto de "adelanto de dividendos" y los depositaron en sus cuentas bancarias particulares.

El circuito

¿Cómo se solventó Valle Mitre SA para pagarle a Hotesur? A través del dinero que le transfirieron otras empresas del imperio Báez. La principal fuente de fondos fue Austral Construcciones SA, la nave insignia del empresario patagónico y principal proveedora de obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. Entre 2008 y 2015 esa firma le pagó a Valle Mitre SA $ 43,1 millones a través de sus cuentas del Banco de Santa Cruz más otros $ 21,8 millones a través de sus cuentas del Banco Nación.

Hay otras cinco firmas de Báez que hicieron pagos a la gerenciadora Valle Mitre, según registros bancarios. La constructora Kank y Costilla le garantizó $ 1.783.000, mientras que Loscalzo y Del Curto sumó otros $ 602.000. Las firmas La Estación SA y Don Francisco (a cargo de estaciones de servicio de Río Gallegos) engrosaron las cuentas de Valle Mitre con $ 302.000 y $ 301.000, respectivamente.

Las erogaciones se justificaron con convenios para ocupar habitaciones y salones del Alto Calafate para el personal de las empresas. Por ejemplo, "por la provisión de 20 noches en habitaciones dobles por mes" o por "un salón con capacidad mínima para 30 personas durante un período de seis días", en otro de los casos.

Más llamativo fue el convenio que tuvo Alucom Austral SRL, la empresa de Báez que supo manejar medios de comunicación. Esa firma le giró a Valle Mitre SA $ 234.000 por un convenio de "promoción, marketing y difusión y publicidad no tradicional (PNT)", un rubro totalmente ajeno a la hotelería.

"Comienza a demostrarse la maniobra de lavado de dinero entre los Kirchner y Báez. Antes de que lo comprara Néstor Kirchner, el hotel Alto Calafate facturaba $ 6 millones por año. Con Néstor Kirchner como dueño del hotel, Báez comenzó a pagarle $ 6 millones pero sólo por el alquiler del establecimiento, sin contemplar los gastos y los pagos al personal. Las cuentas no cierran", manifestó Silvina Martínez, abogada patrocinante de la diputada y denunciante de la causa, Margarita Stolbizer.

Los peritajes de la causa Hotesur están a cargo de tres peritos oficiales (Oscar Fernández, Rubén Pappacena y Abel Britos), dos por el Ministerio Público Fiscal (Judith König y Magalí Bausset), dos por la Oficina Anticorrupción (Fernanda Sierra y Daniel Polito). También participan tres expertos por las defensas: dos por Báez (Carlos y Mariana Fogarolli) y uno por los Kirchner (Félix Rolando). En la mayoría de los tramos del informe todos se mostraron de acuerdo, excepto en algunos pasajes en que los expertos de los imputados rechazaron que los libros de Hotesur hayan sido llevados de forma irregular.

http://www.lanacion.com.ar/2014333-revelan-como-baez-les-giro-a-los-kirchner-27-millones-por-alquilar-el-alto-calafate
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 22, 2017 6:24 am

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«Manifestantes forzaron la puerta de la residencia y la policía reprimió hiriendo a un reportero gráfico»
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22/04 – 01:35 – La tensión trepó a niveles gravísimos cuando hace un rato los manifestantes pretendieron ingresar a la residencia de la gobernadora. Allí la policía que se encuentra en los jardines abrieron fuego con municiones de goma. Hay un reportero herido. La escalada de violencia hace muy inestable la situación que se agrava minuto a minuto, mientras adentro permanecen la gobernadora y la ex presidenta.

Los manfiestantes lograron abrir el portón de chapa del frente de la residencia oficial de la gobernación y al ingresar por un pasillo un grupo de personas fueron reprimidos por la policía provincial que permanecía como prevención de cualquier desborde.
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En la refriega, fue herido con una bala de goma y un golpe en la cabeza, el reportero gráfico Jorge Riquelme junto a otros tres o cuatro manifestantes y la cantidad de gases repartidos en los alrededores del edificio, afectó a muchos algunos de los cuales fueron atendidos con heridas leves.
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Con una temperatura por debajo de los 5 grados, la gente enardecida persiste en acercarse a la reja de la residencia y la policía se prepara para resistir. La situación, lejos de calmarse, luego de los hechos de represión, recalentaron más los ánimos y nuevamente se percibe la reacción de la policía que rechaza una y otra vez a quienes pretenden avanzar sobre la residencia de la gobernadora que junto a la ex presidenta permanece en el edificio, hacia el cual la gente tira piedras en los techos, tensando cada vez más la situación. (Agencia OPI Santa Cruz)


http://opisantacruz.com.ar/home/2017/04/22/manifestantes-intentaron-forzar-la-puerta-de-la-residencia-y-la-policia-reprimio-hiriendo-a-un-reportero-grafico/43070
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 22, 2017 6:24 am

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«Un papelón de película»
La columna de Lanata
Continúan en el Estado cientos de funcionarios que fueron designados durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Clarín
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Asamblea de productores cinematográficos

En los primeros meses de la administración Macri el público esperaba que el nuevo gobierno tomara medidas drásticas con los empleados militantes nombrados por el gobierno anterior.

Se hizo mal y a medias.

El propio presidente lo había prometido al final de la campaña y antes del balotaje: “El Estado tiene que estar al servicio de la gente –dijo-, no puede ser un aguantadero de la política ni de La Cámpora. Esto destruye la posibilidad de crecer. Vamos a revisar esos contratos”.

Al poco tiempo –como recuerda ahora Margarita Stolbizer en un informe sobre el empleo público- se dicto el decreto 254/2015 en el que se instruía a ministros y demás a revisar “los procesos concursales en un plazo no mayor a seis meses y de tres meses en relación a los contratos más recientes”.

Nada de esto sucedió: continúan en el Estado cientos de funcionarios que fueron designados durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

El informe sobre empleo público de Stolbizer muestra que el actual gobierno les prorrogó la designación y en muchos casos, incluso, fueron ascendidos.

En medio de aquel barro, al gobierno se le agregó otro problema: las incompatibilidades de los funcionarios actuales, lo que podía suponerse como intereses particulares de los CEOs que interfiriesen en su trabajo.

El caso de Alejandro Cacetta, titular del INCAA, ex gerente de Pol-Ka y Patagonik Film Group era uno de ellos y sobre el volveremos enseguida.

Los anexos del informe de Stolbizer detallan cientos de funcionarios políticos K que permanecen en sus puestos: directores nacionales y subsecretarios en su mayoría.

El escándalo del INCAA, los despidos y los videos de vergüenza ajena grabados por los actores se vinculan a estos hechos. El gobierno nunca fue claro a la hora de comunicar los hechos y el mismo Cacetta, que en las primeras horas era tachado como corrupto paso al día siguiente a ser una especie de San Martin de la butaca.

Al asumir su cargo Cacetta consultó a la Oficina Anticorrupción por eventuales incompatibilidades: la oficina de Laura Alonso le sugirió no firmar ni intervenir en negocio alguno con la productora Patagonik ni empresas ligadas.

Sin embargo, lo hizo: alquiló el predio donde funcionó el laboratorio Cinecolor (socios de Patagonik) por 600.000 pesos mensuales por dos años; allí inauguró la Cinemateca y el Archivo de la Imagen Nacional. La otra eventual responsabilidad de Cacetta fue no llevar a cabo un control exhaustivo de decenas de irregularidades. ¿Si un jefe deja robar a sus empleados o mira para otro lado cuando lo hacen es su cómplice?

El INCAA ha sido, históricamente, un nido de corrupción focalizada y manejada por parte de la industria; ni siquiera esto fue patrimonio exclusivo de los K, aunque fue durante la gestión kirchnerista donde el robo aumentó como nunca antes. Hasta se sospecha que quien prendió esta mecha con una denuncia anónima a la Jefatura de Gabinete fue un miembro de una de las bandas: un abogado que se vio perjudicado por el avance de la “competencia”.

Algunos ejemplos que ya están en poder de la OA, documentados: para evitar llamados a licitación por cifras superiores a 300 mil pesos hay, en el mismo día, adjudicaciones por 290.000 a la misma empresa. Los proveedores son de lo más versátiles: la misma empresa arregla un baño, arma una isla de edición o vende tarjetas de Navidad. Los investigados son Place International Trading, César Javier Martínez, Marta Lucía Villarreal y Aldo Zanetti. En la mayoría de los viajes a festivales se aplicó la ley del doble de monto. También en las compras de informática. Un ejemplo mínimo: el 22 de enero la compra de 300 pendrives tipo tarjeta de 16GB se pagó $86.700 cuando en Mercado Libre el mismo producto se cotiza $ 45.000.

Pablo Rovito, el rector del ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) es, a la vez, propietario del 16,66% de la sala INCAA de Constitución, que le alquila al INCAA y fue comprada con un crédito del Instituto. Rovito acusó al gobierno de llevar a cabo una caza de brujas aunque su mandato por concurso estaba vencido desde el 2012 y continuaba en su puesto.

La reacción del “ambiente” frente a esto fue completamente corporativa, argumentando que el INCAA no le pide dinero al Estado y se maneja con un presupuesto que ellos mismos generan. En principio, no es así: el INCAA no es de los cineastas sino del estado argentino y esto va más allá de quien pone el dinero; de todos modos, el Estado agrega 500 millones de aportes extra del Tesoro que sirven para pagar los sueldos de los 700 empleados.

Como sucede habitualmente, se lanzaron acusaciones de hechos que no estaban sucediendo: el gobierno no piensa bajar el presupuesto del INCAA ni –como escuché en uno de los videos bochornosos “venderlo a las multinacionales”.

Entiendo que, al carecer de letra propia, los actores tengan una tendencia a leer letras ajenas, pero deberían pensar en el contenido de lo que memorizan, someterlo a un análisis mínimo. Robar por izquierda no es mejor que robar por derecha, es lo mismo. La mitad del escándalo se hubiera evitado si el gobierno, a la hora de hacer los anuncios, hubiera dado a conocimiento público las boletas, los contratos y la tonelada de papeles que posee y que muestran el desfalco. Fue, todo, un papelón de película.

https://www.clarin.com/opinion/papelon-pelicula_0_BJzihMuCe.html
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