El Viaje de Libertad
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MensajeTema: El ciudadano, mejor calladito   Lun Dic 17, 2012 3:25 am

El ciudadano, mejor calladito


diciembre 17, 2012 por maestroviejo






Las Administraciones intentan
silenciar a las asociaciones más críticas. Algunas se revuelven, pero
otras ceden a la mordaza institucional por miedo al descrédito y a
perder las subvenciones. Los que no quisieron callarse sufren las
consecuencias.



La cita es literal: “Te ruego que no te
pongas en contacto con los institutos para no entorpecer su normal
funcionamiento. Cualquier cosa que necesites nos la pides a nosotros”.
Una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha pedía
así hace una semana a un periodista de EL PAÍS que solo recabe datos
oficiales, nada de hablar con profesores. En Madrid, un nuevo
movimiento, la marea blanca contra la privatización de la gestión sanitaria, ha explotado en las calles y en los centros hospitalarios con una protesta inédita. Miles de personas rodearon el miércoles la Asamblea de
Madrid. El gobierno regional lo consideró una “coacción al Parlamento
desde las calles” y acusó a la oposición de jalear la iniciativa. La
asociación de consumidores Facua se enfrentó recientemente al Ministerio de Sanidad,
que le acusaba de “extralimitación” en sus funciones por promover
campañas contra los recortes. Les amenazaron con retirarles las
subvenciones y con su salida del registro oficial. Plantaron cara, pero
no siempre ocurre. Es la lucha del pequeño frente al grande, de una
sociedad civil que quiere protestar y se ve silenciada con una mordaza
institucional de descrédito social o de ahogo económico.

¿Hasta qué punto intentan callar las
administraciones públicas y los Gobiernos a los ciudadanos? ¿Está la
sociedad española articulada para protestar? ¿Les están cortando las
alas? ¿Podrían organizarse de otra manera?

“En España se ha instaurado el ‘yo gano
las elecciones y hago lo que me da la gana, y ustedes, ciudadanos, ya
opinarán en los próximos comicios”, considera José Antonio Martínez,
presidente de Fedadi, organización nacional de directores de institutos
de secundaria. Martínez lleva años quejándose de los niveles de
represión que ha sufrido este colectivo, antes y después de las
protestas que en 2011 alumbraron la marea verde. “En Madrid idearon un
proceso de selección de directores de institutos que derivó en caza de
brujas; permitía dejar a gente en la calle cuando no los consideraban
afines. Tengo compañeros con la carrera destrozada. Ya no es que el que
se mueva no sale en la foto, es que el que se pronuncie se va a la calle
y punto”.

De la misma opinión es José Manuel
Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales, una organización que denuncia las medidas y
recortes que afectan a la Ley de Dependencia. El silencio se ha
instalado entre muchos de sus asociados que “no pueden aparecer
públicamente sin que se vean penalizados en sus ayuntamientos,
consejerías”, señala. Ramírez es de los pocos que le pone voz pública al
malestar de los ciudadanos dependientes y lo ha pagado caro. El proceso
que vivió, que él califica sin ambages de “acoso”, acabó con la
amortización de su plaza de laboral fijo del Ayuntamiento de Marbella,
la única de 3.000. Ahora tiene más tiempo para reivindicar: “Tenemos
miedo de hablar, recibimos amenazas. Y eso que no tenemos una sola
subvención de ningún gobierno”.

La institucionalización de muchas
organizaciones ha sido, andando el tiempo, la raíz de su descrédito y lo
que ha debilitado su crítica, si no silenciado. “Ya ocurrió con los
sindicatos en los años veinte del siglo pasado en toda Europa. Los
acercaron al poder para que negociaran con ellos. Eso los mantenía
alejados de las huelgas”, explica Rafael Cruz Martínez, profesor de
Historia de los Movimientos Sociales de la Complutense, Rafael Cruz
Martínez. “Y parecida fue la creación de los Institutos de la Mujer en
los ochenta en España. Por un lado podía recoger una petición del
colectivo feminista, sí, pero si aparecían los problemas y las
discrepancias, ¿quién criticaba, si los había creado el poder?”, dice.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, lo define como “una especie de chantaje en la que ha caído de
bruces el movimiento asociativo”. Recuerda su propia experiencia. Su
trayectoria social comenzó en el Campo de Gibraltar como miembro de un
movimiento que intentaba frenar los efectos de las drogas. “Éramos
pioneros. Cuando el Gobierno empezó el Plan Nacional contra las Drogas
en 1985, nuestra asociación ya gestionaba hasta comunidades
terapéuticas”. Costeaban sus gastos con rifas, aportaciones voluntarias,
venta de camisetas… “Éramos mucho más libres, nosotros marcábamos los
programas necesarios. Pero llegaron las subvenciones y, como había tanto
que arreglar, no nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo
independencia”.

¿Qué parte de culpa tienen los propios
ciudadanos en su falta de organización y de independencia respecto a los
poderes públicos? ¿Qué pueden hacer?

El profesor Cruz Martínez les exculpa:
“Solo imitan a los políticos, que cuando se acercan las elecciones dejan
de lado los asuntos que consideran espinosos, los que creen que les
restarán votos”. Pero la filósofa Victoria Camps incide en su parte de
responsabilidad en un análisis desde una perspectiva ética y política.
“El ciudadano en democracia liberal no actúa, espera a que le resuelvan
los problemas, se ve como sujeto de derechos y no asume
responsabilidades”, señala Camps, impulsora del artículo Democracia de
calidad frente a la crisis con otros miembros del Círculo Cívico de
Opinión. La filósofa subraya la diferencia de tradición entre países del
sur de Europa y los anglosajones, en los que se produce “una mayor
desconfianza de los ciudadanos respecto al Estado. Allí prefieren tomar
la iniciativa”. Lo achaca a factores sociales y también religiosos: “El
protestantismo es un elemento de libertad que rompe con la jerarquía
eclesiástica y con el poder”. Y concluye: “Estamos acostumbrados a
buscarnos poco la vida. No tendría que ir aparejado sentirse limitado
por recibir subvenciones, pero todos sabemos que el ser humano es
imperfecto”.

Para Pablo Iglesias, doctor en Ciencias
Políticas de la Complutense, el problema está más en quién y cómo se dan
las subvenciones que en las asociaciones que las reciben: “Lo público
va más allá de lo institucional, aunque los políticos no lo acaben de
ver. Las asociaciones enriquecen lo público y subvencionarlas no es un
regalo de los políticos. Aunque quizá les interesa más una sociedad
civil amordazada mientras son serviles con los grupos de presión”.

Rubén Sánchez, portavoz de la
organización de consumidores Facua, considera que a veces es beneficioso
dar un paso al frente. Facua se vio inmersa recientemente en una
polémica que ilustra la mordaza que a veces cae sobre las organizaciones
ciudadanas. “El Gobierno no nos amenazó con quitarnos las subvenciones
si seguíamos con nuestra campaña contra los recortes; era peor que eso.
Nos amenazó con la ilegalización, eso nos impedía pronunciarnos en los
foros en los que tenemos derecho a participar. Pero seguimos adelante,
no nos callamos y todavía estamos aquí”, dice. Cuadruplicaron el número
de socios tras denunciar las presiones de Sanidad. “No se puede recibir
subvenciones y ser correa de transmisión de los partidos políticos, que
no solo han creado muchas de estas organizaciones, sino que ellas
tampoco se han independizado. Es curioso ver cómo algunas aparecen y
desaparecen en función del partido que gobierna”, critica.

Esa sería una de las claves: separar la
subvención de la pleitesía. Países con más tradición democrática que
España, como Noruega, están más avanzados en este sentido como muestra
el siguiente ejemplo: la asociación Amigos de la Tierra Noruega tiene
casi un siglo y más de 28.000 socios. Es muy crítica con su Gobierno y
ha hecho acciones de presión que han llevado a cambiar planes estatales.
En 2011, por ejemplo, el Ejecutivo accedió a detener una perforación
petrolera al norte del país, encima del Círculo Polar Ártico, zona de
especies amenazadas. El sociólogo del Departamento de Criminología de la
Universidad de Oslo, Rune Ellefsen, la pone como ejemplo de
organizaciones ecologistas que emplean métodos de desobediencia civil
“no violenta pero ilegales” para ejercer una protesta política pero “no
han perdido fondos del Estado”. Las ONG ambientales en Noruega debían
cumplir dos criterios para recibir financiación: aspectos objetivos y
una evaluación “de su relevancia social” que realizaba el Ministerio de
Medio Ambiente. La segunda exigencia, explica Ellefsen, fue cambiada
recientemente. La asociación de ONG noruega declaró hace un año que les
preocupaba que ese requisito “afectará el trabajo de las organizaciones,
ya que podrían modificar su cometido para asegurarse de cumplir las
exigencias estatales para ser declaradas como socialmente relevantes”.

Ellefsen participa esta semana en un
congreso organizado en el Ateneo de Madrid por la organización
internacional Igualdad Animal para denunciar la “actual situación de
represión global hacia las libertades de expresión e información que
padecen tanto la prensa como los movimientos sociales de todo el mundo”.
Javier Moreno, de la organización, considera que la tendencia empeora.
“Vamos hacia una sociedad de callados y de recortes de libertades, de
represión de los derechos y del activismo, que está siendo muy
criminalizado”. En dicho congreso intervendrá también la magistrada de
Jueces para la Democracia Victoria Rusell, que admite los fallos de su
colectivo. “Quizá desde el ámbito jurídico hemos contribuido a silenciar
las voces críticas, aunque fuera solo por la pena del banquillo, que no
es poco. Y los más débiles no tenían capacidad para llegar a instancias
superiores, como Estrasburgo”, reconoce.

“Entre los medios locales de
comunicación, los pequeños, cuántas veces ha habido sentencias que
primaron el sentido del honor del demandante respecto a la libertad de
expresión. Eso ahora está más corregido, el Constitucional ha dado
ejemplos para cambiarlo. Pero el mensaje que se enviaba con aquellas
sentencias penalizaba al pequeño. Lo mismo que si un presidente de una
asociación de vecinos pleiteaba con el líder político que no había
cumplido tal o cual cosa”, dice. Reconoce que tenían las de perder, y
que eso no ha incentivado, precisamente, el asociacionismo, ni la lucha,
ni el contrapoder que puede surgir de los movimientos sociales, de la
sociedad civil. “Hemos perdido calidad democrática, y ahora, en plena
tensión, protestas y crisis es difícil recuperarla. Apenas nos dedicamos
a ver si la policía se ha extralimitado, por ejemplo”, señala.

Los que no quisieron callarse


Religiosos. En marzo de
2007, el Arzobispado de Madrid amagó con cerrar la parroquia roja de
Entrevías (Puente de Vallecas, Madrid), San Carlos Borromeo. Alegó que
los curas celebraban la eucaristía comulgando con rosquillas en lugar de
hostias sagradas y en ropa de calle. El Arzobispado, con Antonio María
Rouco Varela al frente, anunció que las instalaciones pasarían a manos
de Cáritas; y solo bajo esa supervisión los curas (transformados en
trabajadores sociales) podrían seguir haciendo su labor social. “Fue un
intento de mordaza en toda regla por criticar a la jerarquía
eclesiástica”, opina Javier Baeza, uno de los tres curas de la
parroquia, que sigue abierta.

Profesores. En el verano
de 2011 comenzó a gestarse el movimiento de la marea verde, la protesta
de la comunidad educativa contra los recortes de la Comunidad de Madrid
en educación. La consejería expedientó a directores y profesores por
llevar camisetas verdes en exámenes o poner carteles. Varios docentes
fueron trasladados a peores destinos por denunciar a la prensa sus
nuevos cometidos. El PP de Madrid denunció en la Agencia Tributaria al
dueño del taller de imprenta en la que se inventó el logotipo y a las
asociaciones de padres que vendían las camisetas por “supuesto fraude
fiscal” por vender las camisetas de la Marea Verde “sin IVA”. Hubo 11
huelgas. Un año después, el movimiento se ha propagado a otras
comunidades autónomas y ha saltado a la universidad.

Policías. Javier Roca, bautizado como poliflauta o
el policía del 15-M, fue sancionado por intervenir en una asamblea del
movimiento social en julio de 2011. Se le achacó “abuso de
atribuciones”, una falta grave, porque se identificó en una asamblea y
señaló que él y parte de sus compañeros estaban indignados y apoyaban el
movimiento. Invitó públicamente a los compañeros a “colgar el uniforme
durante un tiempo y pensar”. Un año después, un juzgado contencioso
administrativo anuló esa sanción. “Ojalá mi caso sirva para que nadie
limite la libertad de expresión”, deseó él entonces.

Dependientes. El
presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, perdió el trabajo. Ha recibido
amenazas por tierra, mar y aire. Los estudios de su organización sobre
el sistema de la dependencia sacaban los colores a las consejerías y al
Gobierno. Una consejera popular le dijo un día: “Tú estás haciendo mucho
daño a las instituciones del PP, pero ellas también te lo pueden hacer a
ti”. Una consejera socialista le llamó indignada: “¿Pero tú qué te
crees, que te puedes meter con el Gobierno de esta comunidad?”. La
última fue del anterior Ministerio de Sanidad. Un alto dirigente le
llamó cuando habían hecho públicos unos datos sobre financiación de la
dependencia. “¿Qué es lo que estás publicando? ¿Qué datos son esos? Te
los puedes meter por el culo”. “Desde entonces”, bromea Ramírez, “llevo
todos los datos en un pendrive, por si acaso”. No han
conseguido silenciarle, pero la consejera del PP tenía razón. Le
hicieron mucho daño. El Ayuntamiento de Marbella, donde trabajaba,
amortizó su plaza de laboral fijo. La única de las 3.000 existentes que
ha sido amortizada. El Gobierno publicó poco tiempo después los datos de
financiación oficiales: eran prácticamente calcados a los que avanzó en
su día la organización de Ramírez.
http://maestroviejo.wordpress.com/2012/12/17/el-ciudadano-mejor-calladito/
Saludos sunny
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